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Redacción Nacionales
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Ciudadanos organizados presentaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo 361 de 2025 referente al traslado de una porción de la Finca El Espino para la construcción del CIFCO.
En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó transferir 55,711.13 metros cuadrados de un terreno propiedad del Ministerio de Hacienda que totalizan 475,806.7160m2 ubicado en la Finca El Espino, para que el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) tenga nuevo lugar de entretenimiento. Esto, desde luego, generó malestar en la población, ya que se deforestaron cientos de árboles y miles de especies serían desalojadas.
Luis Rivera, abogado del Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), las ciudadanas Ana Cisneros y Gloria Anaya, fueron las que presentaron esta demanda debido a las consecuencias que generaría la construcción del proyecto en la Finca El Espino.
Rivera sostuvo que presentan la demanda ya que “vulnera principios constitucionales de protección ambiental y derechos fundamentales”. Además, el abogado señaló que existen dudas “sobre su compatibilidad” con la Constitución de la República y con los principios que deben orientar la protección del medio ambiente con relación al artículo 117 de la Carta Magna, que establece que es deber del Estado proteger los recursos naturales, la diversidad e integridad del Medio Ambiente.
“Esta acción (la demanda) no responde a intereses políticos, económicos o particulares. Responde a la convicción que las decisiones públicas que pueden afectar bienes ambientales estratégicos deben adoptarse con estricto respeto a la Constitución, a la legalidad, la transparencia y el interés general”, comentó Rivera.
De hecho, explicó que la Finca El Espino constituye un territorio de importancia estratégica para la recarga hídrica, la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del Área Metropolitana de San Salvador y del país. “Durante décadas ha ocupado un lugar central en las discusiones nacionales sobre el desarrollo urbano, protección de recursos naturales y planificación territorial. Por ello, cualquier decisión relacionada con dicho territorio merece el más alto nivel de análisis, deliberación pública y responsabilidad institucional”, destacó. Rivera.
Trasladar parte de la Finca El Espino al CIFCO para su centro de operaciones no fue estudiado a profundidad en la Asamblea Legislativa; tampoco hubo estudios de impacto ambiental, al menos no públicamente. Tampoco, se citaron a ciudadanos que se mostraron en contra del proyecto por los efectos negativos.
Con la demanda que las organizaciones presentaron la mañana de este jueves, busca que la Sala de lo Constitucional examine el decreto y si respetó plenamente las garantías constitucionales aplicables y si se observaron los deberes de protección ambiental.
“Esta acción surge además después de múltiples esfuerzos ciudadanos por acceder a información pública relacionada con el proyecto y comprender plenamente sus implicaciones ambientales, territoriales e hídricas. Durante este proceso se realizaron solicitudes de información, recursos administrativos, gestiones institucionales y solicitudes de diálogo con diversas autoridades públicas, las cuales jamás contestaron positivamente”, destacó Rivera.
El movimiento ciudadano “Todos Somos el Espino” se ha organizado para recolectar firmas; de hecho, se ha realizado una plataforma llamada” Salvemos El Espino”, que registra más de 350 mil firmas digitales, estas se suman a los miles de firmas físicas que han sido recolectados por ciudadanos comprometidos y preocupados por el Espino.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) intentó montar la narrativa de que el CIFCO no se iba a construir en la Finca El Espino; sin embargo, el decreto aprobado por el oficialismo señala que los terrenos forman parte de la Finca El Espino. El MOP montó una campaña de plantación de árboles, pero estos trabajos fueron inconclusos, ya que se deterioraron y fueron plantados incluso con bolsas plásticas.
“Exigimos que la Sala de lo Constitucional realice un examen independiente, objetivo, riguroso de los argumentos planteados en beneficio de la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática y la protección de los bienes ambientales que pertenecen a toda la sociedad. Porque defender El Espino es defender mucho más que un bosque”, puntualizó Rivera.
Ana Cisneros, ciudadana que ha liderado esta lucha, enfatizó que el proceso “no ha sido fácil”, ya que han pasado meses documentando “cómo las instituciones del Estado funcionan en este país, a quién acudir para tener información sobre una problemática que nos afecta, no solo a mí como persona, a mi familia, sino también a cada una de las personas que viven en el área metropolitana de San Salvador”.
“El Ministerio del Medio Ambiente, la Autoridad Salvadoreña del Agua, la misma OPAMSS, Cancillería, la Embajada China, Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, absolutamente nadie, nos quiso dar información de cómo esta obra se iba a concretar”, lamentó Cisneros.
Como ciudadana concluye que no existieron estudios de impacto ambiental, ni estudios técnicos para realizar el proyecto; “antes de la intervención no hubo un estudio de visita de campo a la zona y de saber cómo la zona iba a ser deforestada”.
Sobre los animales que vivían en la zona, Cisneros señala que han recogido testimonios sobre qué tucanes fueron aplastados por los árboles, y otros animales se han ido a zonas urbanas, otras han sido atropelladas, “hemos perdido mucha área forestal en el país, somos el segundo país más deforestado y con eso la reducción de hábitats para nuestra fauna es considerable”, lamentó.
Puntualmente, los artículos de la Carta Magna que se han violentado al aprobar el decreto de traslado de una parte de la Finca El Espino, según informó Rivera es el artículo 2, artículo 117, artículo 146, relativas a las disposiciones al medio ambiente y también sobre el proceso de formación de ley.
Gloria Anaya, quien organiza las vigilias noche tras noche con noche en el Centro de San Salvador para expresar el rechazo de la construcción de la finca El Espino, dijo que lo que el Gobierno hace “es un crimen” y ha utilizado a la Policía Nacional Civil para amedrentar a todo aquel que llegue a hacer protesta en la zona.
