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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Organizaciones que forman parte del Comité Unido para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CUDIPD) solicitaron la creación del reglamento de la Ley Especial de Inclusión para este sector poblacional, así como que en la formulación participen activamente asociaciones y organizaciones de personas con discapacidad.
“Estamos demandando que las municipalidades se interesen de gran manera en conocer esta ley, para que la vayan aplicando y cumpliendo porque a partir de 2022 pueden caer en situaciones de multas y sanciones. También es lamentable que el Consejo Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad (CONAIPD), no haya presentado un presupuesto más sustancioso para fortalecer su trabajo organizacional e interno, lo cual viene a alimentar la constitución de un tribunal sancionador”, señaló Carlos Montes, representante del CUDIPD.
Asimismo, dijo que están analizando las acciones de presión e incidencia política a impulsar en los próximos días, para que la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad se desarrolle en los diferentes municipios, así como las medidas ante el órgano Ejecutivo para elaborar el reglamento interno de dicha normativa.
Según el último censo del CONAIPD, en 2015 había aproximadamente 410,700 personas con discapacidad, destacando que el departamento de San Miguel con el mayor número de este sector de la población, sin embargo, con la entrada de vigilancia de la ley las diferentes instituciones, entre ellas las alcaldías tendrán la responsabilidad de llevar sus propios registros de manera permanente y hacerlos llegar al CONAIPD.
Gloria María Ramírez -presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Diferentes y Familias de Santo Tomás- destacó el apoyo del alcalde y concejo municipal a este sector de la población, que trabajan con diferentes proyectos en beneficio de las 600 personas desde los 0 años hasta adultos mayores, con algún tipo de discapacidad ya sea adquirida o congénita “Gracias a Dios tenemos la bendición que se le ayuda a esta población más vulnerable, pero deseamos que el apoyo sea más extenso, con becas específicas para niños, canasta alimenticia mensualmente y sean incluidas en el plan de trabajo. Esperamos que el Gobierno haga énfasis, pues tenemos una sociedad a la que poco o nada le interesa ver a una persona con discapacidad y nadie las toman en cuenta”, expresó Ramírez. La Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad entró en vigencia en enero de este año, sustituyó a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2000, esta nueva normativa prioriza el derecho a la salud gratuita, educación inclusiva en todos los niveles, así como derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
Entre sus beneficios establece que toda institución pública y privada está obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores, también define que todo cotizante al ISSS, ISBM IPSFA, tendrá derecho a inscribir como beneficiarios de los servicios de salud y suministros de medicamentos a sus familiares con discapacidad hasta con segundo grado de consanguinidad que dependa directamente de este.
