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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las organizaciones aglutinadas en la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidieron a la Asamblea Legislativa crear los mecanismos necesarios para que la Comisión de Hacienda vigile el artículo 10, referido a la asignación presupuestaria por parte de las instituciones gubernamentales en cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión, la cual entró en vigencia desde enero del presente año.
Carolina Vásquez -coordinadora de la Asociación de Mujeres Ciegas de El Salvador (AMUCES)- consideró necesario que el presupuesto sea adecuado para operativizar la ley, así como la creación del reglamento, pues ya transcurrieron cinco meses de haber sido aprobada la normativa, “primero necesitamos el reglamento, y que el CONAIPD tome el rol que la ley le atribuye como ente rector, para el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión”, reiteró.
Asimismo, la Asamblea Legislativa debe solicitar informes a las instituciones del Órgano Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria para cumplimiento de la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad; también que no se modifique la antigua Ley del FODES, al ser una posibilidad de fuente de financiamiento a las alcaldías para el cumplimiento de la normativa, por parte de las instituciones gubernamentales.
Las personas con discapacidad expresaron que con la aprobación de la ley, en el país la labor de incidencia política ha dado frutos, sin embargo, es importante que la Asamblea inicie un proceso de armonización de las normativas nacionales conforme a la Convención sobre Derechos de Personas con discapacidad y la Ley Especial de Inclusión. Pidieron al gobierno adoptar medidas concretas para que los ministros y viceministros asuman con responsabilidad su rol dentro del CONAIPD, a fin de elaborar con prontitud la Política Nacional de Inclusión.
Otra de las solicitudes es que el Ministerio de Hacienda al momento de elaborar la política presupuestaria correspondiente al año fiscal, incorpore los lineamientos respectivos para que las instituciones públicas asignen presupuesto de la Ley Especial de Inclusión; mientras que, el Ministerio de Salud fortalezca y amplíe políticas y programas adoptando la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad, con el fin de generar la inclusión de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
“El Ministerio de Educación debe desarrollar una política de educación inclusiva, para que en todas las escuelas del país se cumpla con lo establecido en la Ley de Inclusión; el Ministerio de Trabajo tendrá que asegurar el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en ámbitos públicos como privados, en entornos laboral inclusivo, con dignidad, accesibles sin discriminación. El Ministerio de Cultura e INDES asignar un presupuesto específico para desarrollar programas culturales y deportivos en las zonas rurales del país”, indicaron las personas con discapacidad.
Exigieron al sistema de justicia garantizar los ajustes necesarios, promoviendo el reconocimiento de la capacidad jurídica principalmente en mujeres y niñas con discapacidad, exhortaron a la población a cambiar hacia una sociedad más inclusiva y continúen apoyándolos en sus acciones de incidencia.
