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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Organizaciones de Derechos Humanos, junto a familiares de víctimas, conmemoraron el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas” declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de rememorar a los más de diez mil afectados y la deuda histórica del Estado salvadoreño contra los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.
Desde el año 1996 los familiares de víctimas desaparecidas forzadamente durante el conflicto armado que sufrió El Salvador durante 1979 a 1992, han buscado respaldo de las diferentes administraciones de la Asamblea Legislativa para que el 30 de agosto sea declarado como “Día Nacional de las Víctimas de Detención y Posterior Desaparición Forzada”, como “acto de una actitud más humana”; sin embargo, no existe interés por parte de dicho Órgano a esta solicitud.
Según las organizaciones, el Estado salvadoreño como miembro de la ONU, debe cumplir con los principios establecidos en la carta de las Naciones Unidas e instrumentos internacionales que protegen y garantizan los derechos de todas las personas.
Para Camelia Cartagena, defensora de los derechos humanos, la relación estrecha del Órgano Ejecutivo con el Legislativo y Judicial representa una oportunidad mayor para que el gobierno en turno de paso a la petición de reconocimiento de las víctimas de desapariciones; pero, aseguró que la falta de “voluntad política” no permite el decreto.
“Durante muchos años se hicieron esfuerzos con los gobiernos anteriores sobre todo con el de Sánchez Ceren, pero no se logró (…). Hoy, si el gobierno quisiera, lo podría hacer, pero han mantenido por años escondida la petición de las víctimas y sobrevivientes”, destacó.
Cartagena dijo que muchas personas creyeron que la administración de Nuevas Ideas daría la importancia a estos crímenes de lesa humanidad y el reconocimiento a través del 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Detención y Posterior Desaparición Forzada, sin embargo, no se generó el apoyó como se esperaba la causa y actualmente sigue sin reconocimiento.
“La desaparición forzada y la responsabilidad del Estado salvadoreño de proteger a los salvadoreños de este flagelo ha sido bastante nulo, no solo con el actual Gobierno, sino, con los anteriores”, externó. Miguel Montenegro, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica.
Señaló que fueron muchas las víctimas de lesa humanidad durante el conflicto armado y su reconocimiento a través del decreto representaría una “actitud más humana”, el rescate a la dignidad de los familiares y todas las víctimas detenidas y desaparecidas del país.
“Para nosotros, las víctimas es una forma de reivindicar el dolor de las desaparecidos, algo que venimos pidiendo desde hace muchos años, la lucha desde 1996 sigue sin tener ninguna respuesta oportuna”, manifestó Luci Rivas, familiar de víctimas de desaparición.
