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“Por ejemplo, la facultad de revocar la personalidad jurídica de una ONG sin supervisión judicial, basándose en motivos vagos como alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política, supone una grave amenaza para las organizaciones que no se alinean con los intereses del Gobierno”.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
“La nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación”, afirmaron diversas organizaciones de la sociedad civil internacionales, por lo que pidieron a la OEA y ONU a condenar la mencionada ley.
Las organizaciones Acción Solidaria Venezuela, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Amnistía Internacional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) analizaron los efectos de la LAEX.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello”, Venezuela, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unieron a la crítica y exigieron la derogación de esa nueva legislación.
“En el contexto del grave retroceso en materia de derechos humanos, del debilitamiento del Estado de derecho y del desmantelamiento de los controles institucionales en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, aprobó una Ley de Agentes Extranjeros sin debate público”, expresaron las organizaciones en un pronunciamiento público.
“La ley pretende promover la transparencia, sobre la influencia de actores extranjeros en la opinión pública y salvaguardar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país”.
“Sin embargo, la ley ofrece a las autoridades estatales la oportunidad de controlar y sancionar a los grupos de derechos humanos y a los medios de comunicación que han denunciado la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas autoritarias del presidente Bukele”, alegaron.
La Ley de Agentes Extranjeros viola derechos fundamentales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a defender los derechos humanos.
Leyes similares se estén utilizando en Rusia, Nicaragua y Venezuela para controlar y neutralizar a organizaciones y medios de comunicación de tendencia independiente, señalaron.
La ley exige que las personas y organizaciones que reciben financiación internacional, directa o indirectamente, se registren como -agentes extranjeros- en un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) de reciente creación, dependiente del Ministerio de Gobernación. La ley define de manera amplia los agentes extranjeros como cualquier persona u organización que responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero, explicaron.
Criticaron que en la ley se utilicen “Términos vagos y ambiguos. La ley prohíbe a los denominados agentes extranjeros realizar actividades con fines políticos -u otros-, que tengan por objetivo alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política del país. Estos agentes deben utilizar los fondos para fines específicos articulados ante el RAEX y no pueden recibir donaciones anónimas”.
En cuanto a las facultades del nuevo Registro de Agentes Extranjeros, señalan que exime a determinadas organizaciones del impuesto, pero sin establecer parámetros claros. Lo que consideran dará lugar a un trato desigual, que recompensa o castiga a las entidades “en función de su relación con el Gobierno”, así como, el establecimiento de nuevas obligaciones y nuevos procedimientos administrativos.
En caso de incumplimiento de la obligación de registro, el RAEX puede congelar las cuentas bancarias, impedir el ejercicio de las actividades, de forma temporal o permanente, y suspender o cancelar la personalidad jurídica o el registro de las organizaciones.
“El incumplimiento de las disposiciones de la LAEX también puede dar lugar a multas que oscilan entre 100,000 y 250, 000 dólares. Las acciones que dan lugar a multas o sanciones no están claramente enumeradas, lo que podría dar lugar a una imposición arbitraria”, consideraron.
De igual forma, analizaron que la LAEX podría “abrir la puerta” al enjuiciamiento penal por incumplimiento de las prohibiciones y de la ley contra el blanqueo de capitales.
La LAEX va contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defienden los derechos humanos, como los medios de comunicación, en el intento de controlar y limitar las actividades que las consideren una amenaza para el Gobierno.
“La amplia autoridad del RAEX para supervisar y regular las actividades de los agentes extranjeros, junto con el lenguaje ambiguo de la ley y la ausencia de definiciones jurídicas claras, crea riesgos significativos de injerencia gubernamental en las operaciones de las entidades privadas”, acotaron.
“Por ejemplo, la facultad de revocar la personalidad jurídica de una ONG sin supervisión judicial, basándose en motivos vagos como alterar el orden público o amenazar la estabilidad social y política, supone una grave amenaza para las organizaciones que no se alinean con los intereses del Gobierno”, advirtieron.
Ante esta disposición consideran que esta legislación puede utilizarse para atacar a las organizaciones disidentes o independientes en el actual contexto salvadoreño. Y refuerza a la vez, a las organizaciones que están alineadas con las autoridades.
Las organizaciones firmantes instan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a condenar esta legislación y a convocar un consejo permanente urgente para abordar el retroceso democrático de El Salvador, demandaron.
“Al Congreso de los Estados Unidos a instar a la administración Trump a no apoyar medidas que socaven el trabajo de la sociedad civil y personas defensoras”, aseveraron.
El llamado incluye a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a condenar la ley de agentes extranjeros de El Salvador y hacer un llamado al al Estado salvadoreños a derogar la ley y cumplir con sus obligaciones internacionales.
“A la OEA y ONU exhortamos a pronunciarse sobre la proliferación de este tipo de normativas en la región y su impacto negativo sobre la sociedad civil”, concluyeron.
