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Saúl Méndez
Colaborador
En El Salvador, las familias de personas privadas de libertad enfrentan cada mes una serie de gastos económicos para garantizar que sus seres queridos cuenten con alimentos, medicamentos y artículos de higiene personal dentro de los centros penitenciarios, pero a esta situación se suman denuncias sobre irregularidades en el manejo y la entrega de estos paquetes, incluidos productos que presuntamente son sustraídos o no llegan completos a sus destinatarios.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Luis Rivera, sostuvo que detrás de cada paquete existe el sacrificio económico de una familia y la preocupación por las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos, por lo que ha cuestionado seriamente la falta de respuestas sobre el destino de los productos que son entregados a las autoridades penitenciarias.
Las denuncias no son recientes. En 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre el estado de excepción, recopiló testimonios de familiares y personas liberadas que señalaron la falta de entrega de medicamentos, paquetes incompletos y artículos que presuntamente eran retirados antes de llegar a sus destinatarios.
Posteriormente, en 2025, una investigación de Cristosal documentó testimonios sobre la sustracción parcial de productos, principalmente en los centros penitenciarios de Izalco y Mariona. Uno de los relatos recogidos corresponde a una familiar que afirmó entregar paquetes valorados entre $140 y $150, aunque su hijo únicamente recibía una pequeña parte de los artículos.
A estas denuncias se suman las publicadas por La Prensa Gráfica en febrero de 2026, cuando familiares cuestionaron las restricciones para ingresar determinados alimentos, entre ellos azúcar, Incaparina, café, sopas instantáneas, galletas y pan dulce, en distintos centros penitenciarios. También señalaron dudas sobre la transparencia en el manejo del dinero de las tiendas institucionales.
De acuerdo con otro reportaje del mismo medio, los gastos familiares no se limitan a los paquetes mensuales. Algunas familias también deben adquirir uniformes de trabajo, como botas, pantalones, camisas y gorras, para las personas incorporadas al Plan Cero Ocio, además de comprar cada cuatro meses ropa blanca y chancletas utilizadas dentro de los recintos.
Los gastos aumentan durante las festividades de fin de año, cuando, según los testimonios recogidos, se solicita un pago adicional para las cenas navideñas y de fin de año. Estos cobros oscilan entre $25 y $60, dependiendo del centro penitenciario, e incluyen un menú que contempla pollo, papas y una bebida gaseosa.
Rivera sostuvo que las familias tienen derecho a conocer qué sucede con los productos que entregan y que las autoridades deben garantizar mecanismos de transparencia y controles verificables sobre su distribución.
Entre las interrogantes que permanecen sin respuesta están quién supervisa los productos que ingresan a los centros penitenciarios, si existe un registro verificable de los artículos entregados y recibidos por cada persona privada de libertad, qué ocurre con aquellos que no llegan a su destino y quién responde cuando una familia paga por productos que nunca recibe.
Se ha conocido que en los Centros Penales estuvieron exigiendo y recibo los paquetes, incluso de presos que ya habían fallecido.
De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario, más de 580 presos han muertos en las cárceles, y el 94% no tenían vinculaciones con pandillas. Además, algunos tenían órdenes de libertad.
Se ha conocido también que en el tema de los paquetes para los reos existe una escandalosa red de corrupción, sin que las autoridades, como la Fiscalía General de la República, hayan hecho una tan sola investigación.
