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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Organizaciones sociales y la Comunidad Santa Marta celebraron la sentencia definitiva absolutoria pronunciada por el Juzgado de Sentencia de San Vicente a favor de los líderes ambientalistas de Cabañas; con ello son completamente libres y declarados inocentes.
A juicio de la comunidad Santa Marta, los líderes ambientalistas fueron procesados “injustamente” durante más de tres años, por un presunto homicidio ocurrido durante el conflicto armado. Sin embargo, son finalmente “libres”, según la notificación oficial, fechada el pasado 16 de octubre.
La comunidad consideró que la absolución de los ambientalistas: Fidel Dolores Recinos Alas; Saul Agustín Rivas Ortega; Teodoro Antonio Pacheco; Miguel Ángel Gámez; Pedro Antonio Rivas Laínez; Alejandro Laínez García; José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio no es resultado de la vigencia de la legalidad y de un sistema judicial independiente, “sino que es producto de la lucha social que obligó a los resquicios de independencia judicial, que todavía existen, a resolver apegados a derecho, a pesar de la cooptación gubernamental y la presión de poderosos intereses extrajudiciales”.
Alfredo Leiva, directivo de la Comunidad Santa Marta, valoró como positivo y valiente la actuación del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque que sobreseyó a los procesados en la primera vista pública, así como el Juzgado de Sentencia de San Vicente que los absolvió por segunda ocasión y la Cámara Penal de San Vicente que rechazó el intento fiscal de anular el fallo y hacer un tercer juicio.
El argumento de la Cámara para no repetir un tercer juicio fue que la FGR no tenía base legal, sino “puras inconformidades”.
Alfredo Leiva afirmó que el tiempo y los hechos “demostraron que el espurio proceso penal contra los líderes ambientalistas fue una persecución política y una criminalización del activismo ambiental”. Esto, debido a que el Gobierno pretendía derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y aprobar una nueva normativa para avalar trabajos mineros, tal cual sucedió a finales de diciembre de 2024.
“La acusación montada por la Fiscalía fue una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de reactivar la minería y por alertar al país sobre los graves peligros para el agua, los ecosistemas, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”, enlistó Leiva.
Además, a juicio de Leiva, la acusación fiscal también fue “una burda manipulación de la justicia restaurativa y transicional y una revictimización de una comunidad víctima de masacres, asesinatos, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado”.
Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador (COFAPPES), señaló que los ambientalistas han pasado un proceso “muy difícil”, pero luego de tanto, celebran la absolución.
“A pesar de que la amenaza de la minería metálica es una amenaza transnacional, la solidaridad siempre estuvo presente para acompañar a los ambientalistas y sus familias, un triunfo que es de la comunidad y de las organizaciones”, destacó Palacios.
Sonia Viñerta, secretaria general de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT), señaló que “es raro” en la actualidad, tener algo que celebrar, ya que la vulneración de derechos ha sido permanente. Este logro, es una conquista de la Comunidad Santa Marta.
“Los años que estos compañeros han perdido, ¿quién paga por eso?, ¿quién reconoce?, ¿quién repara la situación de vulneración, tanto familiar como individual, organizativa, incluso de país?”, cuestionó Viñerta.
Silvia Navarrete, del Movimiento para la Defensa de los Derechos de las Clases Trabajadoras Salvadoreñas (MDCT), reconoció la valentía de las organizaciones y propia comunidad para alcanzar esta absolución.
“No se han rendido a pesar de todas las amenazas y represión; siempre se mantuvo viva la esperanza de lograr justicia para nuestros compañeros y compañeras. Como movimiento felicitamos a la comunidad Santa Marta, a todas las personas que no se rindieron y a todas las organizaciones por no rendirse; hay que seguir dando la batalla y aunque cueste años y años de lucha, un día vamos a lograr nuestros objetivos”, comentó Navarrete.
Mirna Perla, del colectivo de Derechos Humanos, Herberth Anaya Sanabria también consideró la absolución como una victoria colectiva. “La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido derrotada porque se ha tenido que reconocer esa barbaridad de procesar a personas héroes de nuestro país en defensa de nuestro medio ambiente”.
El líder de los pueblos indígenas, Silverio Morales, también festejó la absolución en firme de los ambientalistas ya que ellos se dedicaron únicamente a “defender la vida”. “Defender la vida parece que es un delito en El Salvador. Hablar con honestidad, con veracidad, parece que es un delito en nuestro país. Realmente, el callar no es la opción, en estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles, donde el Gobierno trata de callar las voces y no solo callar, sino capturar y fabricarles delitos”, lamentó Morales.
La comunidad y las organizaciones pidieron a las organizaciones nacionales e internacionales que se mantengan vigilantes ante la posibilidad de la FGR y el sistema judicial en inventar nuevos delitos contra los líderes ambientalistas o con otros miembros de la comunidad, en su afán de “continuar la persecución contra el activismo ambiental y la defensa de la vida”.
Las organizaciones aprovecharon la conferencia de prensa para exigir la libertad de los demás “presos políticos”, y defensores de derechos humanos como Ruth López, los veteranos de la Alianza El Salvador en Paz, Eugenio Chicas, Enrique Anaya, Fidel Zavala, Giovanni Aguirre, Giovanni Maravilla y demás personas encarceladas “por razones políticas”.
