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Saúl Méndez
Colaborador
Amnistía Internacional (AI) pidió a los gobiernos de El Salvador y Haití garantizar que las operaciones de las fuerzas militares salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano respeten el derecho internacional de los derechos humanos, ante las dudas sobre el alcance de su participación en las operaciones de seguridad contra las pandillas.
El pronunciamiento de la organización se produjo después de que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, aclarara que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).
Ante esta situación, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas cumplan con las normas internacionales de derechos humanos.
La organización también solicitó que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que ampara el despliegue militar y expliquen cuáles son los mecanismos de supervisión, las reglas que rigen el uso de la fuerza, las instancias ante las que deben rendir cuentas los efectivos y los procedimientos disponibles para que la población denuncie posibles abusos sin temor a represalias.
Piquer advirtió que las operaciones de seguridad pueden incrementar los riesgos para las comunidades haitianas, que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales.
En ese sentido, instó a las autoridades a adoptar medidas para proteger la vida y la integridad de la población, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y atención médica. Asimismo, recordó que cualquier uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La directora regional de Amnistía Internacional también destacó la necesidad de contar con personal capacitado en derechos humanos y protocolos específicos para proteger a niñas y niños, incluidos aquellos que han sido reclutados por bandas armadas, así como garantizarles atención especializada.
Por otra parte, la organización demandó investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos, además de procesos judiciales justos para las personas sospechosas de responsabilidad penal y reparaciones para las víctimas.
Con respecto a los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. Amnistía Internacional pidió esclarecer su suerte y paradero y señaló que, si se encuentran en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daños.
Piquer advirtió que la respuesta a la violencia de las pandillas no debe reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití.
Tras conocerse la desaparición de cuatro soldados salvadoreños en Haití, que formaban parte de las unidadades de Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), el presidente Nayib Bukele dio un ultimátum que de no devolver vivos y sanos los efectivos, las “destruiría”, así como hizo con las pandillas en El Salvador.
Posteriormente se informó que más de dos mil soldados fueron enviados a Haité a rescatar a los soldados secuestrados y eliminar a las bandas haitianas, sobre todo, a la responsable del secuestro de los efectivos salvadoreños.
