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Redacción Nacionales
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La condena de 15 años de prisión impuesta al defensor de derechos humanos Fidel Zavala por presunta estafa agravada ha generado cuestionamientos de organizaciones sociales y de derechos humanos, que sostienen que el caso responde a una estrategia de persecución por las denuncias que él realizó sobre torturas, muertes y violaciones a derechos humanos en centros penales durante el régimen de excepción.
Ivania Cruz, vocera de la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), recordó que Fidel fue detenido en febrero de 2025 “por un caso de criminalización de UNIDEHC el cual ha sido dilatado y prorrogado por la FGR hasta agosto de 2027”.
Es de contextualizar que Zavala, al momento de su detención, grabó un video donde el agente que lo detuvo le leyó los supuestos delitos por el cual era requerido, entre ellos, agrupaciones ilícitas, ejercicio ilegal de la profesión y comercialización irregular de Parcelas y lotificaciones en perjuicio de Lourdes Góchez y Óscar Armando Góchez López; la orden de detención la giró el Lic. Iván Mancía.
Fue el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador quien condenó a 15 años de prisión a Fidel Antonio Zavala Pérez, tras declararlo penalmente responsable del delito de estafa agravada en perjuicio del patrimonio de tres víctimas (cinco años por cada víctima), a quienes defraudó por un monto total de $4,025, según informó Centros Judiciales de El Salvador.
Según judiciales, los hechos delictivos ocurrieron en diferentes fechas, entre noviembre de 2018, mayo de 2019 y febrero de 2021.
Según los elementos ofertados por la FGR y acreditados en el juicio, el imputado presuntamente captaba fondos mediante “falsas oportunidades de negocio en el mercado de divisas”.
Según Centros Judiciales, por información de FGR, Zavala se hacía pasar por representante en El Salvador de la empresa Capital Investment Corporation, S. A. de C. V., y operaba a través de la plataforma Forex.
Según la FGR, el imputado se hacía pasar por experto en el rubro para presuntamente engañar a los afectados, obtener el dinero y posteriormente cortar la comunicación, evadir contacto y proferir amenazas cuando le exigían la devolución de los fondos.
En su fallo, el juez del caso señaló que Fidel Zavala determinó que actuó con dolo y ardid (intencional) para provocar un perjuicio económico a los afectados y obtener un beneficio ilícito. El supuesto perjuicio patrimonial causado a las tres víctimas suma un total de $4,025, distribuido de la siguiente forma: $850 para la primera víctima, $2,000 para la segunda y $1,175 para la tercera.
Sin embargo, las motivaciones para su condena podrían en otro sentido, ya que Zavala con anterioridad había sido declarado inocente en un proceso anterior, después de pasar 13 meses en prisión. En su instancia en prisión, reveló haber presenciado varios asesinatos cometidos por custodios penitenciarios.
El 17 de julio de 2024, Zavala había denunciado ante la Fiscalía al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, y a los directores de las cárceles de Cutumay Camones, en Santa Ana, y Mariona, por los delitos de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho y tortura.
Ivania Cruz, desde el exilio debido a persecución en su contra, enfatizó que “Fidel es una persona clave, ha sido testigo dentro de prisiones en el cual sucedieron asesinatos, muertes, torturas por parte de las autoridades del gobierno de Bukele en el régimen de excepción”.
Fidel, a juicio de Cruz, es “una persona que intentan silenciar y es por eso que todo el aparato estatal, ha sido dirigido en abrirle diferentes procesos de estafa”. Por uno de esos casos, fue absuelto en dos ocasiones, inclusive por la Cámara de lo Penal. Mientras que los demás procesos fueron absueltos, sobreseídos y archivados.
“Nosotros tenemos cuatro sentencias en los cuales Fidel, obviamente ya se le cerraron esos casos, de los que la Fiscalía abrió durante todo este tiempo que ha estado en prisión. Uno de ellos en el cual, Fidel en ninguno de los casos ha aceptado un proceso abreviado porque sigue luchando por su inocencia han querido condenar a 15 años por una cantidad de 4 mil dólares, lo cual no ha sucedido”, explicó Cruz.
“Si todas las resoluciones de estafa han sido a favor, en una pretenden criminalizarlo precisamente para callar la voz de lo que significa como testigo clave Fidel Zavala en todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el régimen de excepción”, concluyó Cruz.
UNIDEHC puntualizó que la cantidad señalada a Fidel, es parte de contratos mercantiles que la empresa de Fidel Zavala, realizó con estas personas. Situación que las supuestas víctimas aceptaron en el juicio y en la audiencia de vista pública. “En materia legal no conforman un delito. Más bien son deudas de índole mercantil. Que deben ser tratadas en los Juzgados de lo Civil y Mercantil competentes. A pesar de eso el Juez de Sentencia en un razonamiento arbitrario, establece que Fidel intentó estafar a las personas, dictando una condena en contra de las pruebas claras como los contratos suscritos, que prueban que no existe estafas como dice la FGR”, comentó la UNIDEHC.
La abogada hizo un llamado a la comunidad internacional para acompañar el caso de Fidel Zavala. Cruz informó que presentarían un recurso de apelación a la condena.
A juicio de Fundación Cristosal, la condena de Zavala “confirma la persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, con la complicidad de un sistema judicial que da un trato desigual a quienes se atreven a alzar la voz contra las injusticias”.
Según la organización de DDHH, la condena de Fidel “es política”. “Ahora recibe una pena mayor que la del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años tras confesar un desfalco de 300 millones de dólares al Estado. En El Salvador de hoy, denunciar violaciones a derechos humanos se castiga más que la corrupción”, puntualizó Cristosal.
El encarcelamiento de Fidel “pone en grave riesgo su vida e integridad física, más aún bajo la custodia de las mismas autoridades a las que acusó de abusos y tortura”, concluyó Cristosal, mientras que pidió a la comunidad internacional a pronunciarse sobre esta condena.
