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viernes , 22 junio 2018
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Participación ciudadana y democracia

Luis Armando González

Prácticamente, desde el inicio de su gestión, el Presidente Salvador Sánchez Cerén comenzó a plantear la idea de que la participación ciudadana debe ir más allá de la asistencia a las urnas. El Presidente Sánchez Cerén no ha dejado de insistir en ello, especialmente en eventos públicos de envergadura, como Gobernando con la Gente y Casa Abierta, en los cuales se busca incentivar formas más diversas de participación. La idea del Mandatario salvadoreño hace parte de una concepción de la democracia, aceptada en la actualidad, según la cual un régimen político democrático descansa en una participación ciudadana que no se agota en lo electoral, aunque lo incluye como un componente esencial. Así, la participación electoral es una pieza clave de la democracia, y por ello se la debe estimular y proteger. Pero junto con ella, complementándola, se tienen otras piezas que, de faltar, restan calidad a la democracia.

Sin que este listado sea exhaustivo, se pueden anotar los siguientes ejes de participación como sostén firme de la democracia: a) plebiscitaria y asamblearia; b) comunitaria y de base; y c) político-partidaria.

Cada una de estas expresiones (y concreciones) de la participación ciudadana tiene sus peculiaridades e importancia, y si una de ellas falta, o no puede desplegar todas sus potencialidades, la democracia se empobrece.

De ahí que un compromiso genuino con la democracia implica una defensa incondicional por la implantación de formas de participación ciudadana que, cuando menos, cubran los tres ejes anotados arriba.

Quienes adversan la democracia (o solo apuestan por expresiones mínimas de ella) gustan de reducir (o anular) la participación ciudadana, pues ven en esta una amenaza para el esquema de poder que sirve de resguardo a sus privilegios. En El Salvador, desde 1982, la derecha solo estuvo conforme con una participación que se limitaba a votar; de ahí, el endiosamiento que hizo del voto uno de los fundadores de ese partido –el exmayor Roberto d’Aubuisson—, para quien el “arma más poderosa de los hombres libres es el voto”.

Después de 1992, este siguió siendo el credo de los grupos de poder político y económico, y a regañadientes tuvieron que aceptar la irrupción de formas de organización (comunitarias y de base) que expresaban una concepción más amplia de la democracia. Siempre han sido reacios a aceptar la posibilidad del plebiscito o del referéndum como mecanismos de profundización de la participación democrática, y han preferido seguir obsesionándose –sirviéndose de la Sala de lo Constitucional— con el tema de los votos y la votación, haciendo del mismo el foco central de sus preocupaciones “democráticas”.

En cuanto a la participación política-partidaria –uno de los ejes centrales de la democracia—, desde hace un tiempo para acá voceros de la derecha se han dado a la tarea de denostarla y, en el caso de la Sala de lo Constitucional, de castigar a quienes tienen una afiliación político-partidaria. Por la vía de la denostación, se promueven discursos que demonizan a la política, los políticos y los partidos, atribuyéndoles las peores bajezas e incapacidad. Quienes promueven esta tesis difunden la idea de que todos los problemas del país radican en la política (los políticos y los partidos) y por tanto si se los ataca, debilita y anula El Salvador entrará en la senda de la prosperidad guiado por personalidades “independientes”, “apolíticas” y “desinteresadas”. Obviamente, es un planteamiento absurdo, pero sobran los que lo defienden y sobran los que, sin ser necesariamente de derecha, se enganchan a ese discurso y lo reproducen.

Por la vía del castigo, y en sintonía con la visión anterior, la Sala de lo Constitucional ha decidido castigar a quienes tienen vínculos (formales) político partidarios, prohibiéndoles ocupar cargos públicos y, en la más reciente medida punitiva, impidiéndoles integrar las Juntas Receptoras de Votos para las elecciones del próximo mes de marzo.

Desde el supuesto que está detrás de esta actitud punitiva, de una persona con vínculos políticos partidarios formales solo cabe esperar lo peor, y no así de alguien que no tenga esos vínculos formales con lo político partidario.

Absurdo y risible, obviamente. Pero este es el modo de razonar de quienes han sido considerados –vaya uno a saber por qué— como los poseedores de las mentes más lúcidas y brillantes en la historia salvadoreña, y no solo en el campo del derecho.

Paradójicamente, en El Salvador se castiga a quienes ejercen una de las formas de participación ciudadana que, en una democracia, tiene un enorme significado, como lo es la participación político partidaria. Por un lado, se proclama a los cuatro vientos el deterioro de los partidos políticos, su falta de renovación interna, la debilidad de sus liderazgos, y un largo etcétera, pero por otro lado se sanciona y se les reducen derechos a quienes pertenecen a ellos. El mensaje que se manda a quienes aspiren a integrarse a un partido político es que si lo hacen sus derechos ciudadanos se verán mermados.

El mensaje que se manda a la sociedad es que la solución de los problemas del país está en los “apolíticos”, aunque se trate de personas con vínculos políticos reales e intereses ajenos a los de la mayor parte de la población.

Es por lo anterior que en ARENA la “antipolítica” de la Sala de lo Constitucional (y de las grandes empresas mediáticas) no parece generar ninguna preocupación: muchos de quienes se promueven (o son promovidos) como independientes y ajenos a la política tienen una clara vocación de derecha, lo cual aseguraría los intereses de los grupos de poder económico, al margen de lo débil o fuerte que sea ARENA.

En fin, la actual denigración de lo político y la política no es saludable para la democracia. Una apuesta sana por la democracia invita, para el caso, a la promoción de formas de participación político partidarias que nutran a los partidos de sangre nueva y visionaria.

Perder derechos ciudadanos por ser parte de un partido no constituye ningún aliciente para quienes pueden y quieren aportar energías y talento a unas estructuras (los partidos) que son decisivas para el rumbo del país.

El Presidente Sánchez Cerén al alentar y promover desde su gobierno formas de participación que van más allá del ejercicio electoral ha hecho suya una visión actual de la democracia; una visión que la antipolítica de la derecha quiere desbaratar en nombre de una “judicialización” de lo político ajena a las luchas sociales y populares que son las que apuntalan a las democracias históricas.

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