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Redacción Nacionales
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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) ha dado a conocer el caso de José Ismael Márquez Padilla, padre de Karla Patricia Márquez, una joven detenida de manera arbitraria en 2022 bajo el régimen de excepción. La joven dejó una niña de 4 años al cuidado de sus abuelos.
Ismael padece Insuficiencia Renal Crónica, una enfermedad irreversible que está degenerando progresivamente su organismo y que ha causado numerosas muertes en la zona costera de la bahía de Jiquilisco.
En el último año, Ismael ha sido hospitalizado en estado grave en más de seis ocasiones, y en la última estuvo a punto de fallecer.
Él y su familia sobreviven con gran dificultad gracias a una tiendita familiar y con la ayuda de sus dos hijas, ya que su estado de salud le impide realizar trabajos pesados, mientras que su esposa debe encargarse de cuidarlo a él y a su nieta.
Ismael hace un llamado de clemencia al presidente Nayib Bukele y al director de Centros Penales, Osiris Luna, pues desea volver a ver a su hija antes de morir, ya que su salud se ha deteriorado aún más desde la captura de Karla.
A pesar de su estado crítico, Ismael se ha fijado una meta: resistir con las pocas fuerzas que le quedan para reencontrarse con su hija antes de fallecer.
MOVIR también denunció otro caso reciente: la captura de Jonathan Edgardo Cruz Cruz, un joven sin antecedentes delincuenciales y ajeno a pandillas, en San Salvador, en el marco del régimen de excepción implementado por el Gobierno.
Jonathan trabaja honradamente para mantener a su familia. Recientemente, se casó y tiene hijos. La detención arbitraria representa un impacto inhumano para su familia, que ve cómo se vulneran sus derechos.
Peor aún, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) han acusado de manera injusta a Jonathan. Su defensa, apoyada por abogados y el equipo técnico de UNIDEHC, ha presentado pruebas, documentos de arraigo y escritos para demostrar su inocencia, pero no se ha informado cuándo se realizará su audiencia de imposición de medidas, lo que limita su derecho a representación legal.
MOVIR señala la complicidad y corrupción de los Tribunales contra el Crimen Organizado, que no garantizan el debido proceso ni el derecho a la defensa. Según denuncian, en muchos casos se dicta prisión automática y se accede a las solicitudes de la Fiscalía, dejando a los detenidos sin posibilidad de defensa.
