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Redacción Nacionales
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Organizaciones sociales y de derechos humanos de El Salvador han solicitado al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Oswaldo Chacón Rojas, que suspenda la participación del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en una actividad académica programada en ese centro de estudios superiores, donde hablará sobre estado de derecho y DDHH.
A través de una carta dirigida al rector de esa casa de estudios, las organizaciones expusieron que la solicitud la hacen, ya que el Gobierno salvadoreño ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; además, el Estado de derecho ha pasado a un segundo plano; por lo que, dar esa conferencia sería contradecir, lo que realmente se ha ejecutado en El Salvador.
Las organizaciones recordaron que, en 2022, el gobierno de El Salvador, desde la Asamblea Legislativa, aprobó como una acción de emergencia y excepcional, la implementación de un régimen de excepción en donde se suspenden garantías y derechos constitucionales
“Esta medida, que debería tener un carácter excepcional lleva más de 4 años. Durante este período se han restringido los derechos y principios legales de toda la sociedad salvadoreña, ha sido una medida que ha generado la detención arbitraria de miles de jóvenes en las ciudades, comunidades rurales, barrios y colonias del país de manera indiscriminada, incumpliendo el debido proceso”, señalaron las organizaciones en su misiva.
De hecho, recordaron que el mismo Gobierno reconoció que habían detenciones de personas que no tenían vínculos con pandillas; a esto, le denominaron el “margen de error».
“Con el paso del tiempo ese ´margen de error´ se ha ido ampliando y muchas de las personas detenidas a quiénes se ha demostrado su inocencia una y otra vez, aún siguen en detención, en muchos de los casos, a pesar de que se les ha decretado libertad, siguen detenidos”, señalaron las organizaciones.
Ulloa, quien llegaría a la UNACH a defender el régimen de excepción y a promover que en el país sí se respetan los derechos humanos, ha sido el personaje a escala internacional para hacer quedar bien a El Salvador.
Las organizaciones señalaron que el régimen de excepción, presuntamente “iba a liberar de los grupos delincuenciales a las personas de sectores vulnerables de la sociedad salvadoreña”, pero esta “ha incrementado el dolor y el luto, porque muchas de las detenciones han sido catalogadas como arbitrarías y de personas que no tenían nada que ver con las pandillas”.
Desde el 27 de marzo de 2022, a marzo de 2026, se han contabilizado aproximadamente 91 mil presuntos pandilleros. De la cifra, se estima que un 30% pudieran ser detenciones arbitrarias o detenciones ilegales. Aproximadamente 1,500 detenidos han fallecido en los diversos centros penitenciarios, de los cuales, al 20 de marzo, se tiene un registro informal de 500, según lo documenta Socorro Jurídico Humanitario,
“El régimen de excepción no ha servido para detener la violencia de las pandillas, la disminución de la violencia se debió a un pacto entre el gobierno y los grupos delincuenciales”, consideraron las organizaciones, ya que es de contextualizar que investigaciones periodísticas señalan al Gobierno de Bukele de negociar con las pandillas para reducir el número de homicidios para así, vender la narrativa que El Salvador “es el país más seguro” del hemisferio occidental.
“El régimen ha servido como una herramienta de represión generalizada, para atemorizar a la población y como propaganda sobre un supuesto resultado positivo de la seguridad. Es así que líderes comunitarios y sindicalistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y defensores ambientales han sido detenidos en el contexto del régimen de excepción, acusados de supuestamente pertenecer a grupos delincuenciales”, añadieron las organizaciones.
A ello, sumado que en una sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un grupo de especialistas en ciencias jurídicas catalogó el régimen de excepción y sus consecuencias como delitos de lesa humanidad, tomando en cuenta que «existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad» conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Sintetizaron que el régimen de excepción “es el eje fundamental” en cual “se sostienen las constantes violaciones a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, la violación a la Constitución de la República, la modificación del sistema político electoral, el control total de todas las instituciones, y el sometimiento del órgano judicial al clan que controla el Estado”.Por ello, las organizaciones expresaron su repudio la visita del vicepresidente de la República de El Salvador Félix Ulloa en la ponencia denominada «Seguridad Nacional, Estado y Derechos Humanos» de la Cátedra Dong Nguyen Huu de la Universidad Autónoma de Chiapas, ya que Ulloa, es parte del “entramado” que ha sometido a la sociedad salvadoreña a desapariciones forzadas, torturas y asesinatos bajo custodia del Estado.
Por lo que, solicitaron al rector de dicha casa de estudios, suspender la conferencia por el significado que representa y para mostrar solidaridad con las víctimas del régimen de excepción, sus familias y con la sociedad salvadoreña que anteriormente “fue víctima de los grupos delincuenciales y ahora es víctima de un Estado que comete delitos contra la humanidad”.
Entre las organizaciones que suscribieron la solicitud se encuentran el Movimiento de Víctimas del Régimen en El Salvador (MOVIR), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, la Red Interfacultades para la Investigación Social de la Universidad de El Salvador, Universitarios por la Democracia, el Colectivo de Derechos Humanos Herberth Anaya Sanabria, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña y el Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes.
