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Redacción Nacionales
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Organizaciones sindicales agrupadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y la Mesa Permanente por la Justicia Laboral convocaron a la población salvadoreña a participar en la marcha del próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de la Clase Trabajadora, tras señalar que la fecha representa una jornada de denuncia ante lo que califican como un deterioro sostenido de los derechos laborales en el país.
Durante una conferencia pública, representantes de estos sectores afirmaron que el primero de mayo no es una celebración, sino una conmemoración histórica de lucha frente a los ataques contra la clase trabajadora, tanto en El Salvador como a escala internacional. Según expresaron, en el contexto nacional la fecha adquiere especial relevancia debido a la situación económica, laboral y sindical que enfrentan miles de trabajadores.
Las organizaciones señalaron que, pese a que la tasa oficial de desempleo ronda el 5 %, el subempleo alcanza aproximadamente el 65 %, mientras que solo el 30 % de la población cuenta con empleo formal. A su juicio, estas cifras reflejan una realidad estructural que limita el acceso a condiciones de vida dignas para amplios sectores sociales.
Asimismo, denunciaron que en los últimos siete años de gobierno de Nayib Bukele se han producido múltiples afectaciones a derechos laborales y sindicales, incluyendo despidos que califican como arbitrarios, supresión de plazas en instituciones públicas y debilitamiento de la organización sindical.
De acuerdo con los voceros, según estimaciones de organizaciones laborales, indican que alrededor de 41,000 trabajadores del sector público, autónomo y municipal han sido despedidos en los últimos años, a lo que se suma el cierre de empresas y maquilas que ha impactado el empleo en el sector privado.
También señalaron que dirigentes sindicales han sido removidos de sus cargos sin respetar el fuero sindical, citando como ejemplo reciente el caso de tres directivos del sindicato del sector correos, quienes —según denunciaron— fueron despedidos recientemente.
El despido de los dirigentes sindicales de Correos se debió a que denunciaron que al personal de correos los han puesto a entregar los paquetes escolares.
Las organizaciones expresaron preocupación por el uso del régimen de excepción como mecanismo que, según afirmaron, estaría generando temor entre trabajadores y limitando la denuncia de violaciones laborales. En ese sentido, señalaron que esta medida ha tenido efectos en la capacidad de organización sindical y en el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y asociación.
En el misma conferencia de prensa, representantes sociales indicaron que el país enfrenta un deterioro institucional que afecta el cumplimiento de garantías constitucionales relacionadas con derechos laborales y sociales, incluyendo salud, educación, medio ambiente y acceso al agua, los cuales reiteraron deben ser considerados derechos fundamentales y no servicios sujetos a privatización.
Otro de los temas abordados fue la situación fiscal del país. Según expusieron, la deuda pública habría alcanzado aproximadamente los 34,000 millones de dólares, lo que representa cerca del 92 % del Producto Interno Bruto, una cifra que consideran preocupante en comparación con otros países de Centroamérica.
Desde mayo de 2021 hasta la fecha, la Asamblea Legislativa ha aprobado 13 préstamos que suman 9 mil millones 36 mil 600 dólares, según datos oficales.
Las organizaciones también denunciaron que los despidos en instituciones públicas han afectado áreas estratégicas como salud, educación, cultura, agricultura y entidades vinculadas a la defensa de derechos humanos, lo cual —según indicaron— repercute directamente en la calidad de los servicios que recibe la población.
En ese contexto, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en la movilización del 1 de mayo, que iniciará a las 8:00 de la mañana desde el parque Cuscatlán, en San Salvador.
Los convocantes señalaron que la marcha busca visibilizar demandas relacionadas con el respeto a los derechos laborales, el cese de despidos que consideran injustificados, la defensa de la libertad sindical y la recuperación del Estado de derecho.
Asimismo, destacaron que la defensa de los derechos laborales no corresponde únicamente a personas sindicalizadas, sino a toda la población trabajadora, tanto del campo como de la ciudad, incluido el sector informal, ya que las condiciones laborales inciden directamente en la vida económica y social del país.
Finalmente, recordaron que el primero de mayo constituye una fecha histórica vinculada a las luchas obreras internacionales y nacionales, por lo que invitaron a la población a participar activamente en la jornada como expresión de memoria, denuncia y exigencia de transformaciones sociales en beneficio de la clase trabajadora salvadoreña
