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Redacción Nacionales
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“Como parte de una estrategia de demostración de fuerza, la Policía Nacional Civil realizó un operativo el pasado jueves por la noche en la que detuvo ilegalmente a exfuncionarios de las administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, manifestó el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES).
El CISPES es una organización de base que durante el conflicto armado, en la década de los años ochenta, se dedicaron a acompañar y abogar por los derechos humanos de la población salvadoreña, desde la justicia social, económica y la alternativa de los ideales democráticos.
Samantha Pineda, directora del Programa de CISPES, denunció este tipo de detenciones que fueron realizadas sin una orden judicial y con motivaciones políticas y, por tanto, demandaban su inmediata liberación de las y los detenidos.
“La detención ilegal de exfucionarios del FMLN, tiene el sello del régimen Bukele. No es una sorpresa que, con una administración que se encuentra entre la espada y la pared debido a la corrupción generalizada y el uso indebido de fondos de emergencia para atender la pandemia por Covid-19, el presidente Bukele abuse de su control sobre la policía y el Fiscal General para descargar la culpa en otros actores y enfurecer a la población con acusaciones infundadas de corrupción cometida por sus predecesores”, dijo.
Sobre las detenciones, Pineda indicó que el presidente Nayib Bukele “desata su ira contra el FMLN, por ser el único instituto político en el país que está dispuesto a desafiar los planes gubernamentales de vender al país, pieza a pieza, con élites inversionistas y benefactores internacionales”.
“Lo particularmente preocupante es el hecho de que la policía detuvo a estas personas sin una orden judicial en vigor y sin proporcionarles ninguna información acerca de la causa de su detención o hacia dónde estaban siendo llevadas. Esta es una muestra más de que el funcionamiento de esta administración se basa en secretismo e ilegalidad. También se asemeja terriblemente a la represión estatal de épocas anteriores”, sostuvo.
Asimismo, expresó la inquietud como CISPES, por el “patrón de intimidación y persecución política” que se está instalando en El Salvador, y citó el caso de las COMADRES, organización fundada por madres y familiares de personas que fueron víctimas de desapariciones forzosas durante el conflicto armado, que han sufrido un allanamiento y robo de archivos de casos de desapariciones.
“Existe poca confianza en que el actual Fiscal General (Rodolfo Delgado) perseguirá estos y otros ataques contra las organizaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en El Salvador deben pronunciarse de inmediato por la liberación de los prisioneros políticos y llamar a que se ponga fin a las redadas y detenciones ilegales, incautaciones e intimidación política de los adversarios políticos del presidente”, manifestó.
En cuanto a la Encarga de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jean Manes, la directora de Programa de CISPES señaló que era “una gran oportunidad” para tomar una serie de acciones y así “enmendar los errores del pasado”, cuando fungió como embajadora durante la administración de Barak Obama. “Jean Manes, durante su mandato anterior como Embajadora de los Estados Unidos, apoyó descaradamente acciones con motivaciones similares llevadas a cabo por el ex fiscal General, Douglas Meléndez, quien también optó porno actuar ante pruebas que indican que hubo más de $4 mil millones en malversación de fondos públicos durante los veinte años de la administración de ARENA”, indicó Pineda.
El llamado de CISPES fue también para el Senado estadounidense, a quien le solicitaron “retirar el financiamiento y apoyo para la Policía Nacional Civil, en el próximo proyecto de Presupuesto”.
Luego que la Cámara de Representantes no logró los votos suficientes para realizar dicha acción. Lo que consideraron urgente porque “el apoyo de Estados Unidos a la policía y el ejército está alimentando este tipo de represión política en toda Centroamérica”, reafirmó.
Mientras, el Foro Nacional de Salud (FNS), nacido como el “Eje 5” de la Reforma de Salud implementada durante el primer gobierno de izquierda en el país, que inició con la activista Margarita Posada, formando liderazgos comunitarios a nivel nacional para la fiscalización social y garantizar el derecho humano de la salud, también se manifestó y pidió respeto a la presunción de inocencia.
El FNS, en su comunicado sobre la captura de los exfuncionarios pidió el “respeto al derecho de presunción de inocencia” y el “derecho a una audiencia de contenidos”, garantías que se encuentran consignadas en los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República. “Que se aclare que no existe una difusión roja, ya que esta solo puede ser girada después de haber sido culpabilizados y a petición de un juez. Y, a respetar el derecho a la asistencia jurídica sin demora”, sostiene el FNS.
El foro llamó al Estado salvadoreño el “Cese inmediato de la estrategia de terror que solo viene a socavar la democracia y seguridad del país”.
