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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La iniciativa Humanium Metal, impulsada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Red de Sobrevivientes e IMsweden, dieron a conocer la propuesta ciudadana que será presentada en la Asamblea Legislativa para reformar la Ley de Armas. Una de las propuestas es establecer limite a la tenencia de armas, ya que actualmente la ley permite la compra dos años, sin poner límites al número de armas que la persona pueda poseer.
Mónica Hernández, representante de Actívate por El Salvador, explicó que en la propuesta de reforma se plantea el marcaje de armas y municiones, esta se hace en el país, pero no es regulada por la ley, por lo cual se solicita un registro; asimismo, establecer una coordinación entre el Estado y la sociedad civil para impulsar acciones en favor de la cultura de paz.
Agregó que se debe destinar un porcentaje de al menos un 5% del presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Publica a campañas para educar sobre el impacto de las armas de fuego y desincentivar su uso, desarrollar canje de armas por bienes de consumo e impulsar programas integrales para la atención a las víctimas de violencia armada.
“Si bien los datos oficiales muestran un descenso considerable en el número de homicidios, dicha forma de violencia sigue presente y las armas son el principal instrumento para cometerlos, durante 2020 casi el 70% de los homicidios se cometió con un arma de fuego; además, se utilizan para el cometimiento de otros delitos como extorsiones, lesiones, robos, secuestros o violaciones”, sostuvo Hernández.
Según la representante de Actívate por El Salvador, en la reforma a la ley se incluye otorgarles la facultad a los gobiernos municipales para establecer una veda temporal a la portación de armas, actualmente la ley establece que el presidente de la República es quien puede aprobar ese tipo de vedas, aunque las alcaldías deberían tener iniciativas al respecto, pues conocen de primera mano la situación en sus territorios.
“El alto uso de armas en el cometimiento de diferentes delitos, la incertidumbre sobre el número real de armas que circulan en el territorio, el impacto social principalmente en la juventud, y el impacto económico que tiene la violencia armada son criterios suficientes para restringir el ingreso de más armas de fuego al territorio nacional”, aseguró.
De acuerdo a información del Ministerio de Defensa, desde 2006 hasta 2020 se tienen registradas en el país 161,576 armas de fuego, además, 526,439 licencias emitidas para la portación de armas.
Entre tanto, Héctor Carrillo, de FESPAD, dijo que son 14 organizaciones las cuales han trabajado por buscar una solución a la problemática, de igual forma esperan ese mismo tipo de apertura por parte de los funcionarios, “estamos listos para presentar la pieza de correspondencia, durante la próxima semana estaremos enviando correspondencia a los distintos grupos parlamentarios solicitando que den iniciativa de ley a la propuesta, porque consideramos que es un tema de país”, enfatizó.
Recalcó que la reforma a la ley pretende reforzar los procedimientos para verificar los requisitos en la obtención de un arma de fuego, por ejemplo, que la entrevista psicológica a la persona sea personalizada, pues hasta la fecha no se logra verificar antecedentes de violencia intrafamiliar o problemas del manejo de la ira, así mucha gente porta armas de fuego sin tener condición para ello.
“Las armas de fuego son un potenciador de las diversas formas de violencia, pero también la amplia circulación de armas de fuego en El Salvador está vinculada con políticas permisivas y marcos legales normativos muy limitados. El tráfico y comercio de armas de fuego constituyen cero cumplimientos para las metas del objetivo de desarrollo número 16 del cual estamos comprometidos en el país a cumplir”, manifestó Carrillo.
Para las organizaciones, el hecho que la población más afectada son los jóvenes y la facilidad con que una persona puede tener acceso a un arma en el país, son razones que han impulsado a la construcción de la propuesta, a fin de fortalecer la legislación actual. La propuesta fue elaborada luego de un proceso de consulta entre organizaciones, líderes comunitarios, Policía Nacional Civil (PNC), gobiernos municipales y jóvenes.
