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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su solidaridad con las familias que han sido víctimas de la violencia de las semana pasada, sobre todo el fin de semana, cuando más de 80 personas fueron asesinadas, producto de las consecuencias de un abordaje no integral de la seguridad ciudadana durante décadas.
“La violencia y criminalidad en el país requieren de respuestas eficaces, transparentes, profundas y de largo plazo, abandonando estrategias meramente represivas, el desarrollo de procesos de rehabilitación e inserción de las personas que cometen delitos, principalmente para la reducción de la reincidencia y la prevención de más daño”, afirmaron.
“El gobierno actual no solo cuenta con todo el aparato estatal para hacer frente a la situación de violencia de manera seria, sino también con el respaldo popular para desarrollar acciones distintas a las políticas de -mano dura- que tantos efectos negativos han tenido”, reiteraron.
Los colectivos pro derechos humanos: Plataforma por la Seguridad Ciudadana (SC), Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas (GTPD), Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), Red por los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad (Red PPL), Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones (GG), Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, hicieron un llamado al Estado salvadoreño, en el marco de violencia y criminalidad a combatirlo con las herramientas vigentes del ordenamiento penal y respeto del orden constitucional.
Por lo que pidieron no otorgarle atribuciones extraordinarias a las autoridades de seguridad pública, como las que se les han dado con el decreto (#333) del Régimen de Excepción, pues abre una puerta para la comisión de violaciones de derechos humanos.
“La aprobación de un Régimen de Excepción en este contexto sólo representa la restricción de derechos para la población en un momento de inseguridad y temor. Además, constata que el Estado sigue sin ejercer dominio del territorio y que su principal política de seguridad, el Plan Control Territorial, no ha logrado los cambios que tanto se han anunciado”, manifestaron.
Los estándares internacionales y tal como su nombre lo indica, la adopción de Estados o Regímenes de Excepción debe ser una medida excepcional adecuada a lo que se quiere enfrentar de manera razonable evitando prolongaciones en el tiempo, desproporcionada o abuso de poder, reafirmaron.
Con el uso arbitrario del Régimen de Excepción, se ha transformado en la afectación de la democracia y limitaciones a las libertades de: expresión, igualdad ante la ley y de asociación -que argumentaron- se encuentran establecidas en la Convención Americana sobre el Derechos Humanos.
Y mucho más preocupante, consideraron, que el decreto legislativo 333, aprobado el pasado 27 de marzo en horas de la madrugada por la bancada oficialista, admitiera la “suspensión de garantías judiciales”, lo que consideraron una situación sin control judicial.
“Este decreto dota al Ejecutivo de poderes discrecionales a través de un lenguaje ambiguos a través de un lenguaje ambiguo que está permitiendo la adopción de cuestionadas medidas de seguridad pública y abusos en el sistema penitenciario”, refirieron.
“Sumado a Régimen de Excepción, la aprobación expedita de un paquete de reformas legales que la Asamblea Legislativa hizo el día 30 de marzo, que no contribuyen al combate de la criminalidad y profundizan la respuesta esencialmente represiva del Estado, ya que tales reformas se orientan al aumento de penas, crea la figura de jueces sin rostro -un modelo que ha demostrado su ineficacia en otras regiones- y elimina salidas alternas para personas privadas de libertad”, opinaron.
Asimismo, agregaron que medidas como endurecer penas de prisión para la juventud, resume que tales reformas solo se están alejando los estándares constitucionales e internacionales”, para abordar el tema de derechos humanos y seguridad ciudadana.
“Las organizaciones firmantes hemos acompañado durante décadas a la población víctima de la violencia, hemos desarrollado diversas acciones de prevención en los territorios y propuesto a los gobiernos mejoras en sus políticas públicas”, señalaron.
“Nuestros aportes han buscado siempre el desarrollo de una política de Estado que vaya más allá de intereses partidarios. Estos hechos ponen de nuevo en evidencia la necesidad de construir conjuntamente políticas de seguridad que sean públicas, participativas, integrales y medibles, que permitan el abordaje de las causas de la violencia respetando, protegiendo y garantizando los derechos de la población”, concluyeron.
