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Un grupo de organizaciones de la sociedad civil de El Salvador pidió a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que el organismo internacional intervenga ante la “grave afectación del orden democrático en El Salvador”.
En una carta enviada a Almagro, las organizaciones piden que convoque al Consejo Permanente de la OEA para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. El artículo citado establece que en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Posterior a la convocatoria, el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la Carta Democrática.
De igual forma, pidieron al secretario general de la OEA que dé continuidad a la Misión Especial instalada en febrero del presente año, con el objetivo de actualizar su diagnóstico de la situación, “tomando en cuenta los hechos del 1 de mayo y sus efectos”.
Asimismo, las organizaciones plantearon que de ser necesario, el organismo internacional “evalúe in situ la actual situación político-institucional, en la que se aseguren reuniones con distintos sectores de la sociedad civil salvadoreña y que puedan incorporarse otras recomendaciones al informe divulgado el 2 de mayo pasado”.
Las organizaciones fundamentaron su petición en la destitución de sus cargos a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general de la República, ya que consideran que “estas acciones se realizaron vulnerando las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución”.
De igual forma, en la misiva exponen que “desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República hemos visto con preocupación un creciente patrón autoritario que atenta contra la institucionalidad democrática”.
Por lo que las organizaciones destacaron que la destitución de los magistrados y del Fiscal General tiene como objetivo “consumar un proyecto autoritario en el que todos los poderes (del Estado) respondan a una sola persona”.
Finalmente, las organizaciones enfatizaron en que a El Salvador “le ha costado muchas vidas” la construcción, el fortalecimiento y el desarrollo de la democracia.
“Por ello no podemos permitirnos una actitud pasiva ante el riesgo claro de que ésta (democracia) desaparezca y que con ella, desaparezca la libertad y los derechos de la población salvadoreña. Tampoco la organización que usted representa debe permanecer distante ante el peligro cierto e inminente de perder la democracia en una nación más de este continente”, argumentaron las organizaciones en la carta.
