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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) mostró su preocupación por la decisión de comisiones de la Asamblea Legislativa de mandar al archivo las propuestas de ley sobre diferentes temáticas presentadas por organizaciones sociales.
Una de estas es la “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las personas Defensoras de Derechos Humanos, para la Promoción y Garantía del Derecho a Defender Derechos”, ya que desde el 2017, las organizaciones sociales han asumido el rol que le corresponde al Estado.
Las comisiones mandaron al archivo las propuestas sin justificar porque lo hacían generando expectativa en cuanto a la aprobación y reforma de leyes.
FESPAD añade que es un error querer “partir de cero” sin haber leído y discutido las propuestas presentadas por organizaciones sociales, que son una base sólida que favorece directamente a la población, por ejemplo, el regular el derecho humano al agua, el tema de la desaparición de personas, la Ley de Identidad de Género, de protección a periodistas, la propuesta de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos. Esta última fue elaborada y presentada en el año 2018, por defensores/as de distintos ámbitos, de todo el territorio nacional, aglutinadas en la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.
La ley es garante en la construcción de la propuesta de un marco normativo que recoge los estándares internacionales de garantía y protección del derecho a defender derechos.
Y también el sentir de la población que lucha y pone en práctica la promoción y defensa de sus derechos humanos, que han sido vulnerados con esta medida.
La propuesta contó con las observaciones de sindicatos, población LGBTI, mujeres, defensores de la memoria histórica, indígenas, campesinos, defensores de la tierra y el territorio, entre otros.
Pero, además, su contenido fue consolidado por expertos en derechos humanos de alta trayectoria, y revisado finalmente por instancias internacionales de derechos humanos.
La medida de enviarlas a archivo no toma en cuenta la labor en la promoción y defensa de derechos fundamentales, y la construcción colectiva y participativa de la propuesta.
Con esto se violenta la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. Ahora, la responsabilidad corresponde al Estado como tal, por tanto, la composición de la AL anterior debió haber dado trámite de ley a la propuesta pero no lo hizo.
Es decir, la propuesta ya había pasado por todos los requisitos de ley y el análisis técnico al interior de la Comisión respectiva. Lo que faltó fue voluntad política, señaló FESPAD.
Enviar a archivo ésta y otras propuestas que han significado años de trabajo por distintos actores y sectores, puede verse preliminarmente también en el mismo sentido de falta de voluntad política.
