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Oscar López
@Oscar_DCL
Organizaciones de la sociedad civil, que desarrollan su labor en la protección de los derechos de la mujer, impulsan la campaña: “Todas las personas nos protegemos contra la violencia y el COVID-19”, con la que se pretende evitar que el número de casos de violencia contra la mujer aumente.
Debido al confinamiento establecido por el Gobierno para reducir el riesgo de contagio de COVID-19, hubo incremento de casos de violencia contra la mujer, por lo que las organizaciones Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños (APROCSAL), la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Red Feminista Frente a la Violencia contra las mujeres (RED-FEM) y el Foro Nacional de la Salud (FNS) coincidieron en que en el país “subsiste una pandemia más generalizada y más permanente”, esto al referirse a los casos de violencia contra la mujer.
Silvia Juárez, representante de ORMUSA comentó: “A pesar de estar paralizada la vida, la violencia contra las mujeres es una práctica que no se ha detenido”, ya que durante la cuarentena domiciliaria se registra el asesinato de al menos 21 mujeres, además del incremento de un 70 % de los hechos de violencia contra la mujer en relaciones de familia y también aumento de vulneraciones a otros derechos.
“Advertimos que hay una serie de obstáculos que las mujeres están enfrentado para ponerse a salvo, sabiendo que están a mayor exposición de sus agresores durante el confinamiento; existe evidencia que muestra cómo durante estos períodos es donde se aumenta la violencia por esta mayor exposición (a los agresores)”, declaró Juárez.
Las organizaciones consideran que el incremento de los hechos de violencia contra la mujer está relacionado con el debilitamiento de algunos servicios públicos, además de que no existe un plan de emergencia diseñado para responder durante situaciones como la emergencia por el COVID-19.
Por lo mismos, también existe una reducción de las denuncias por violencia contra la mujer en distintas instancias; entre ellas, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), además de que hay menor disposición de la mujer para la atención de servicios de salud y seguridad, esto afecta más a las mujeres rurales.
“Se enfrenta el temor de salir y ser retenida por romper la cuarentena por poner una denuncia; no se cuenta con albergues o casas de acogida donde podamos poner a las mujeres, dado el confinamiento con los agresores; también, cierta parálisis de servicios de seguridad ciudadana, donde mujeres que salen a trabajar a lugares más despoblados, no hay servicios de seguridad ciudadana que las puedan proteger y se han visto conminadas al acoso sexual, a la violencia sexual y también al feminicidio”, aseguró.
Al respecto, Morena Murillo, representante del FNS aseguró que las organizaciones están preocupadas por la situación de violencia que se incrementó debido a la situación de la emergencia. “Queremos hacer un llamado a las instituciones para que velen por garantizar los derechos de las mujeres, la obligación del Estado es activar el Sistema de Protección de las Mujeres”, dijo.
De igual forma, Murillo agregó: “Para muchas mujeres que fueron agredidas, no llegó a tiempo el auxilio; de los 21 feminicidios más de tres de ellos ya habían sido atendidos por la policía y, sin embargo, no ordenaron el alejamiento del agresor y no establecieron medidas necesarias para evitar la muerte de las mujeres”.
Se prevé que la campaña se impulse durante dos meses y tendrá una cobertura nacional, se ejecutará por diversos canales; entre ellos: redes sociales, radios comunitarias (a nivel nacional y local) y la página web. Para la campaña se creó material audiovisual y gráfico.
