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Desde la izquierda: Guillermo Navarro, del Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”; Apolonio Tobar, procurador para la Defensa de los de los Derechos Humanos (PDDH) y Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Organizaciones impulsan campaña ciudadana por el derecho al agua

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha expuesto la fragilidad del medioambiente y la desigualdad social, que revela el incumplimiento de condiciones básicas como el acceso al agua y la salud, dijo Guillermo Navarro, del Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, en el lanzamiento de una campaña ciudadana por la reforma constitucional al derecho humano al agua.

En un contexto en donde el acceso al agua y la disponibilidad potable para miles de familias es precario, este colectivo de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos e iglesias históricas demandó de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Asamblea Legislativa, de manera “urgente”, el reconocimiento constitucional de este derecho fundamental de la población salvadoreña.

“La crisis surgida a raíz de COVID-19 ha confirmado la necesidad impostergable de una gestión del agua como derecho humano, tal y como se ha venido exigiendo durante tantos años a los diputados y diputadas, quienes a la fecha no han podido o no han querido hacer justicia al clamor de la población. Y postergar el reconocimiento del agua como derecho humano es también negarle a la población el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna”, acotó.

Asimismo, Amalia López -Alianza Nacional contra la Privatización del Agua- señaló que este 28 de julio se cumplieron diez años de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento, como un derecho humano esencial para el pleno goce de otros derechos humanos.

Mientras, en el país, pese a ser Estado miembro de la ONU, no ha acatado dicha resolución, ni las recomendaciones que hiciera en su visita el relator especial sobre el derecho humano al agua, Leo Heller; ese derecho que sigue sin ser reconocido ni en la Constitución de la República, ni desarrollado en la legislación secundaria.

“La trascendencia mundial del tema se reforzó en 2015, cuando el papa Francisco publicó la Carta Encíclica “Laudato Si”, dedicada en su totalidad a proponer el bienestar de los pobres e inseparablemente el bienestar de la naturaleza, y en donde reafirma que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”, expresó.

Los esfuerzos de más de trece años de trabajo desde las comunidades, organizaciones sociales y otros sectores, para consolidar este derecho humano, ha sido bloqueada muchas veces, por procesos electorales como el intento de abril 2012, cuando la Asamblea Legislativa aprobó en pleno una reforma al artículo 69 de la Constitución de la República, para incluir el agua y la alimentación como derechos fundamentales, pero esa reforma no fue ratificada.

“En esta legislación (2018-2021) se han incorporado nuevas propuestas de reforma, dos provienen de distintos grupos parlamentarios que piden reformar el artículo 69. Y otras dos propuestas que buscan reformar el artículo 2, en la que está el Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, junto al Arzobispado de San Salvador, propuestas que fueron discutidas en el seno de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sin que hasta la echa haya un avance concreto en la discusión o reforma constitucional”, reveló.

Apolonio Tobar, al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ante esta situación señaló como esencial el acompañamiento a la campaña de las organizaciones, en busca al reconocimiento constitucional de un derecho que está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y contribuye a las metas de la Agenda 2030.

“La campaña que ahora se inicia por la reforma constitucional, denominada de Desde la creación hasta la Constitución es un esfuerzo diferente al que se está realizando por la Ley General de Agua, es un esfuerzo encaminado a que se reconozca de manera literal en la Constitución, que el derecho al agua es fundamental, es importante que El Salvador avance modificando la normativa interna. Es importante de esta campaña que esta legislatura (2018-2021) alcance una propuesta y reforma de la Constitución de la República, para que se incorpore y reconozca el derecho al agua, generando el compromiso de los partidos políticos en contienda electoral, para que sea ratificada por esa nueva legislatura”, manifestó.

La campaña la impulsan las organizaciones: Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), Mesa Ambiental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Red Centroamericana por la defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT), Mesa de Cambio Climático de El Salvador y la Mesa de Iglesias Históricas.

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