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Miembros de la Red para la Infancia y la Adolescencia se pronuncian por la controvertida resolución de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, debido a no llevar el caso del magistrado Eduardo Escalante, quien es acusado por presunta agresión sexual de una menor. Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura

Organizaciones exigen versión pública de resolución emitida por Cámara Primera de lo Penal

Alexander Pineda
@DiarioCoLatino

La Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) emitió un pronunciamiento sobre la controvertida resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador de considerarse “incompetente” para conocer el caso del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz acusado de presunta agresión sexual en menor.

La Red constituida por 45 organizaciones que promueven y defienden los derechos de la niñez, instó a la Fiscalía General de la República a interponer el recurso de apelación contra la decisión y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a verificar y supervisar el cumplimiento de los derechos de la niña.

“La decisión de la Cámara es inaceptable, insostenible, censurable, discriminatoria y contraria a los derechos de la niña”, manifestó el conglomerado de organizaciones y observaron que la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas debe primar por sobre los códigos Penal y Procesal Penal, al ser El Salvador firmante de dicho tratado.

Además, sostuvieron que la resolución de la Cámara violenta los derechos a la justicia y al debido proceso consignados en los artículos 51 y 52 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA).

Versión pública de la resolución 

Josselyn Pineda, representante de la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR) dijo que es necesario tener información transparente y oportuna sobre los argumentos de los magistrados de la Cámara, para tomar la decisión por lo que solicitó que se elabore una versión pública de la resolución.

“Necesitamos una versión pública de la resolución, necesitamos saber con base a qué fue la decisión que emitieron los magistrados, les exigimos saber cómo fue la tipificación del delito, cómo es que no encajaron los hechos fácticos”, expresó Pineda.

El 31 de octubre anterior, la Cámara Primera de lo Penal calificó las acusaciones de presunta agresión sexual en menor contra el magistrado Escalante como una “falta contra las buenas costumbres y al decoro público”, dado que la Cámara solo puede conocer delitos y no faltas, esta instancia decidió encargar a un Juzgado de Paz para que conociera el caso.

Los hechos, según la FGR, sucedieron el 18 de febrero en la Residencial Altavista II de Tonacatepeque.

El funcionario presuntamente tocó los genitales de la niña de 10 años, acto que fue denunciado por la madre de la menor.

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