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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversas organizaciones sociales, sindicales, trabajadores despedidos, veteranos y excombatientes y ciudadanía en general, marcharon este 25 de enero para conmemorar los Acuerdos de Paz y contra los despidos arbitrarios, el alto costo de la vida, agua, endeudamiento, pensiones y diversos temas más.
Sonia Urrutia, reconocida dirigenge del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) manifestó que los Acuerdos de Paz «fue una lucha histórica» y algunos de esos acuerdos estabn relacionados con el «respeto de los derechos humanos y la creación de diferentes instituciones al servicio de la población».
Las instituciones creadas fueron la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y se ordenó disminuir a las Fuerzas Armadas de El Salvador.
“A 34 años de esa firma de los Acuerdos de Paz enfrentamos una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país, en donde las instituciones que fueron creadas bajo la firma de los Acuerdos de Paz ahora están cooptadas por el Ejecutivo, enfrentamos un debilitamiento a las diferentes instituciones”, destacó Urrutia.
La líder sindical agregó que “es grave” la persecución a los derechos humanos que se vive en el país, sobre todo, en casi 4 años de régimen de excepción. “Nos encaminamos a cuatro años de un régimen que se ha venido prolongando como una política pública de Estado”.
Urrutia destacó que también, las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos enfrentan persecución. Líderes sociales e incluso defensores de DDHH han sido detenidos “bajo un régimen de excepción donde no se cuenta con un debido proceso y es por eso que este día estamos conmemorando esa firma de los Acuerdos de Paz”.
“Para nosotros no puede haber paz si no reivindicamos esas luchas históricas que se conquistaron como pueblo salvadoreño, no puede haber paz con dignidad si no se respeta los derechos humanos en el cual hoy como movimiento social, exigimos cese el régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres de este país”, puntualizó Urrutia.
También, más de 40 comunidades históricas de El Salvador coinciden que el contexto actual agrava la democracia y la economía, por lo que marcharon por una nueva democracia y un nuevo modelo económico.
Las comunidades repobladas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, Usulután y otros departamentos resaltaron la importancia y el significado histórico de los Acuerdos de Paz. “Los Acuerdos pusieron fin a doce años de un guerra civil y cinco décadas de militarismo atroz; por tanto, no son “una farsa”, como dice el relato negacionista del actual gobierno”. Es de recordar que el presidente Nayib Bukele los ha catalogado como “una farsa”.
“El hecho de que la ´democracia liberal-representativa´ derivada de los Acuerdos de Paz haya resultado insuficiente para resolver los problemas estructurales del país, no justifica la instalación de una ´democracia totalitaria´ que no es más que una nueva dictadura”, comentaron las comunidades.
En ese sentido propusieron una nueva democracia que sea “participativa” y donde la población puede decidir directamente en los aspectos que afectan su vida.
“La falta de eficacia de la democracia post Acuerdos de Paz se debió a un modelo económico excluyente que negaba los principios y objetivos democráticos. Mientras el pueblo salvadoreño celebraba la llegada de paz, la oligarquía y sus servidores políticos imponían el neoliberalismo que terminó agravando los problemas de exclusión y las desigualdades que habían causado la guerra”, comentó Miriam Alas, de la sociedad civil, quien fue la que leyó el pronunciamiento.
Las comunidades propusieron un nuevo modelo económico-social productivo, incluyente, solidario y sustentable. “Que priorice la justicia tributaria, la producción alimentaria, las pensiones dignas, el apoyo la micro y pequeña empresa, una mejor salud y educación, oportunidades para la juventud, los empleos dignos y salarios justos, la protección a sectores vulnerables, el combate a la pobreza y a la concentración de la riqueza, el cuidado del agua y el medioambiente, el acceso a vivienda y demás necesidades, demandas y aspiraciones de la gente”.
Las comunidades señalaron que la población tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la situación nacional caracterizada por la destrucción ambiental, la persecución política, los desalojos, la corrupción, la extrema pobreza, la militarización, la privatización de la salud y una seguridad pública dudosa, insuficiente y violatoria del debido proceso.
“Solo así podremos volver a prohibir la minería, recuperar el Río Lempa y las demás fuentes de agua, terminar con el inconstitucional régimen de excepción que poco o nada tiene que ver con el combate a las pandillas, implementar políticas fiscales progresivas, evitar la privatización de la salud, procurar la soberanía alimentaria y aprobar medidas para generar empleos dignos, salarios justos y precios accesibles”.
Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), denunció los retrocesos y el desmontaje de ese proceso de paz que había silenciado los fusiles y desmilitarizado el país. “Ahora estamos totalmente con un régimen de excepción que ha acopado todas las instituciones del gobierno”, enfatizó.
“Tenemos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una vergüenza para este país. Los fallecidos en la época de la guerra, estarían indignados por tener una Procuraduría donde no vela por los derechos humanos. Estamos con un régimen de excepción, con más de 90.000 personas capturadas, en un porcentaje muy alto, son inocentes”, lamentó Ramírez.
MOVIR ha pedido la eliminación del régimen de excepción en reiteradas ocasiones; e incluso ha presentado tres demandas de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia, pero no han tenido respuestas.
También, en la marcha participaron representantes del sector de salud, quienes han sido despedidos de manera arbitraria por el Gobierno de Bukele. Ericka de León, señaló que, desde diciembre de 2024, a los trabajadores de Salud “los han masacrado”.
“Desde ese entonces, mes a mes, gota por gota de sangre, han estado despidiendo en diferentes números de trabajadores. No es posible que a más de 34 años (de los Acuerdos), nuestras generaciones pasadas tuvieron que andar bajo balas”, para conquistar lo que ahora, en el Gobierno se les “ha arrebatado”, enfatizó Ericka de León.
“No es posible que a estas alturas y en estos momentos, estemos viviendo este tipo de masacres, que, si no es con balas, es con violencia institucional, porque nos están confrontando pueblo contra pueblo, y nos están criminalizando como cuidadores”, añadió.
El gremio médico tiene un lema: “las manos que cuidan no se despiden”, pero en el último año, “nos han estado masacrando, porque desde el momento que nos arrebatan el derecho al trabajo, nos están quitando la vida”, comentó.
Ericka de León sostuvo que la mayoría de los trabajadores despedidos sufren de muchas enfermedades y complicaciones de las enfermedades que ya tenían, e incluso ya se registra una persona fallecida. “Es una tristeza, nunca pensamos volver a regresar a estos tiempos en el que un gobierno prefiere y da prioridad a edificios, urbanizaciones, industrias, focos y ruido, mientras tanto silencia al pueblo salvadoreño, lo silencia sometiéndolo en el miedo para que no se exprese y para que no exija lo esencial que está establecido en la Constitución de la República, y lo esencial es salud, educación, vivienda”.
La marcha inició minutos después de las 9 de la mañana y finalizó una hora después, en la Plaza Cívica, en el Centro de San Salvador, donde ralizaron un plantón en las gradas de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde cada organización brindó palabras de cierre.
Una de ellas de Fran Omar, del BRP, quien invitó a que “todos los días tenemos que construir un futuro mejor, el que necesitamos todos y todas. Hay que construir esa verdadera esperanza y alternativa».
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