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Por: Luis Rafael Moreira Flores
En el marco del Día Internacional de la Tierra (22 de abril), diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos se congregaron este día en San Salvador para denunciar la acelerada degradación de los ecosistemas salvadoreños. A través de una conferencia de prensa y el foro titulado “Crisis de sustentabilidad y desafíos urgentes en El Salvador”, los ponentes establecieron una conexión directa entre el deterioro ecológico y la crisis socio-política que atraviesa la nación.
La jornada no fue solo una efeméride; fue un grito de auxilio por la «casa común». Según el comunicado oficial entregado durante el evento, El Salvador se encuentra en un punto de no retorno debido a una combinación de vulnerabilidad climática extrema, un modelo económico de «sacrificio» y una gobernanza que, según los denunciantes, prioriza la concentración del poder y el capital sobre la supervivencia de la población.
- Vulnerabilidad y olvido institucional
El Salvador llega a este Día de la Tierra bajo condiciones alarmantes. Siendo el país más pequeño del continente, posee la menor disponibilidad de agua per cápita de la región. El comunicado subraya que la ubicación del país en el Corredor Seco de Centroamérica, sumada a la intensa actividad sísmica, lo convierte en uno de los territorios más susceptibles a los efectos del cambio climático global.
Sin embargo, las organizaciones enfatizaron que la verdadera tragedia no es solo geográfica, sino política. Se denunció que:
- Más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas por actividad humana.
- El país sufre una de las tasas de deforestación más altas de América Latina.
- El modelo económico actual, heredado de estructuras oligárquicas y profundizado por la administración actual, sigue viendo a los bienes naturales como mercancías inagotables.
«Esta crisis ecológica es el trasfondo de una sociedad que aspira a vivir en democracia, pero que enfrenta un sistema internacional que fomenta gobiernos autoritarios locales. Estos gobiernos se someten a corporaciones multinacionales que ven a nuestros países como zonas de sacrificio», reza el comunicado.
- La voz de los defensores
La conferencia de prensa inició con un llamamiento ancestral liderado por el Tata Silverio Morales, representante de las comunidades del occidente del país. Con un ritual que invocó a los elementos naturales, Morales hizo un llamado a la unidad para defender la «Madre Tierra”. Su intervención fue especialmente conmovedora al relatar su lucha personal por la liberación de su hijo, detenido bajo el régimen de excepción, denunciando la creciente persecución contra quienes defienden el territorio.
El impacto de los monocultivos y la industria
José Acosta, del Movimiento Azúcar Amarga, expuso la cruda realidad del sector cañero. «Llevamos años denunciando cómo la quema de caña y el uso de pesticidas lanzados desde avionetas contaminan no solo el suelo, sino también los pulmones de las familias que viven cerca de estos cultivos», señaló. El modelo extractivista, según Acosta, no solo destruye ecosistemas, sino que enferma a la población rural.
La resistencia en Chalatenango
Mirian Alas, líder de comunidades en Chalatenango, enfocó su intervención en la amenaza de la minería metálica. Alas destacó que las mujeres son las más afectadas por la crisis hídrica: «A las mujeres se nos recarga la labor del hogar. Si no hay agua limpia por la contaminación minera, somos nosotras las que cargamos con la enfermedad y la escasez en la cocina y la crianza».
Desplazamiento y ecocidio en Oriente
Ángel Flores, de MILPA El Salvador, denunció la depredación en la zona oriental impulsada por proyectos turísticos de lujo. Flores advirtió que la destrucción de manglares para construir infraestructuras está provocando un aumento en el nivel del mar que amenaza con desplazar forzosamente a comunidades indígenas y campesinas que han habitado esas tierras por generaciones.
- Criminalización y miedo
Uno de los puntos más críticos del evento fue la denuncia del uso de las instituciones de justicia para acallar la disidencia ambiental. Peter Nataren, de la Comunidad Santa Marta, recordó que las detenciones de líderes ambientales en su zona fueron la «punta de quiebre» de una estrategia estatal para fragmentar el movimiento social.
César Cañas, del Movimiento de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, se refirió enérgicamente a la situación en la zona paracentral de San Vicente. Cañas denunció que la construcción del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) ha generado contaminación en ríos importantes y ha traído consigo una militarización que sofoca cualquier intento de resistencia comunitaria contra megaproyectos.
Por su parte, Rene Alfaro, de la comunidad San Francisco Angulo, relató la resistencia contra un proyecto de relleno sanitario que amenaza con un ecocidio en bosques que aún guardan las osamentas de víctimas de masacres de la guerra civil. «Es un doble atropello: a la memoria histórica de nuestros muertos y a la vida de los que estamos aquí defendiendo el bosque», afirmó.
- Foro: Crisis de sustentabilidad y desafíos urgentes en El salvador.
Tras la conferencia de prensa, se llevó a cabo un espacio de análisis profundo con expertos y líderes religiosos. Los puntos clave del foro fueron:
- Medaris López (Academia). La falta de datos abiertos impide una gestión real del riesgo ambiental.
- Fray Joaquín Garay (JPIC). La defensa del agua es un imperativo ético y espiritual frente a la avaricia corporativa.
- José Acosta (Azúcar Amarga). El mal desarrollo del monocultivo de la caña de azúcar y el crimen a los Derechos Humanos.
- Alfredo Leiba (Santa Marta). El Salvador no puede permitirse revertir la prohibición de la minería sin condenar su agua.
- Paul Hicks (CRS). Es urgente un plan de restauración transfronterizo para salvar el principal afluente del país.
- El contraste económico y la narrativa oficial
El evento concluyó con una crítica feroz a la narrativa «desarrollista» del gobierno, del estado y de las municipalidades. A pesar de las promesas de prosperidad asociadas a la energía nuclear, el bitcóin y el turismo masivo, las organizaciones recordaron que El Salvador sigue siendo el país con menor crecimiento económico y menor inversión extranjera en Centroamérica, pero con el mayor endeudamiento.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente a:
- Transparentar los estudios de impacto ambiental de los proyectos nacionales y locales.
- Cesar la persecución y criminalización de líderes sindicales y defensores del medio ambiente.
- Implementar leyes que garanticen el acceso a la información y la consulta previa, libre e informada para las comunidades.
«No hay libertad en un país que se queda sin agua, y no hay democracia en un territorio donde defender un árbol es motivo de cárcel», concluyó el foro.
