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Por: Luis Rafael Moreira Flores
En conferencia de prensa, el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) y organizaciones aliadas revelan las nuevas cifras de cesantías en el sector público, el desmantelamiento del sistema de salud y la persistente criminalización de líderes sindicales bajo el Régimen de Excepción.
El panorama laboral en El Salvador atraviesa uno de sus momentos más críticos en la historia reciente. Representantes de diversas organizaciones sociales y sindicales exponen lo que denominan una «política sistemática de agresiones contra la clase trabajadora». Según los datos presentados, el número de despidos en el sector público ha alcanzado la cifra de 47,124 casos acumulados desde 2019, una estadística que, según los denunciantes, refleja el irrespeto total al debido proceso y a la estabilidad laboral.
Luis Rivera, abogado del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), abrió la jornada con un balance estadístico. Rivera detalló que, durante el primer quinquenio del gobierno actual (2019-2024), se registraron 23,681 despidos. Sin embargo, lejos de detenerse, la tendencia se ha agudizado en el segundo mandato. Bajo la sombra de los presupuestos estatales de los años 2025 y 2026, se han suprimido 23,443 plazas adicionales.
«Hemos venido trabajando por la defensa de los derechos de miles de trabajadores, manteniendo las estadísticas y casos junto a la solidaridad del Socorro Jurídico Humanitario», afirmó Rivera. El abogado enfatizó que detrás de cada cifra hay familias que han perdido su sustento de manera «arbitraria e ilegal», señalando que el Estado ha ignorado las protecciones de la Ley de Salarios y otras normativas laborales vigentes.
La denuncia del MTD no solo se dirigió al Ejecutivo, sino también a las instituciones que, por mandato constitucional, deberían proteger a los ciudadanos. Rivera fue tajante al señalar que René Gustavo Escobar Álvarez ha convertido a la Procuraduría General de la República (PGR) en un «apéndice de la dictadura».
«La PGR no cumple su rol de procuración, defensa y representación de las víctimas de violaciones de derechos humanos», sentenció. Según el comunicado leído, esta inoperancia afecta tanto a los más de 47,000 despedidos como a las 32,000 personas que las organizaciones consideran inocentes capturadas bajo el Régimen de Excepción. Esta falta de auxilio legal institucional ha obligado a las organizaciones sociales a asumir la asesoría jurídica directa, presentando decenas de demandas de nulidad de despidos ante las instancias correspondientes.
El sector cultura y salud en los últimos despidos
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia fue el reciente despido de 20 integrantes de la Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES), ocurrido el pasado 27 de marzo por orden del ministro de cultura, Raúl Castillo Rosales. Los afectados, galardonados como Patrimonio Vivo Cultural por la Asamblea Legislativa y embajadores de buena voluntad por la FAO, fueron cesados sin derecho de defensa ni compensación justa.
Por su parte, el sector salud enfrenta lo que las organizaciones llaman un «desmantelamiento y privatización» encubierta. Silvia Navarrete advirtió que la situación es crítica: se reporta el despido de 7,782 profesionales, entre médicos, enfermeras y personal técnico. A esto se suma el cierre de unidades de salud estratégicas como Barrios, Lourdes y Monserrat, y el desabastecimiento de medicamentos esenciales.
«Se está condenando a la muerte a personas diabéticas, enfermos renales y pacientes con cáncer por falta de fármacos», denunció Navarrete, vinculando esta crisis directamente con la intención de privatizar servicios en hospitales emblemáticos como el Rosales y el Bloom.
Persecución sindical y la «Lista Corta» de la OIT
La situación ha trascendido las fronteras nacionales. Navarrete informó que las constantes violaciones a la libertad sindical mantienen a El Salvador en la «lista corta» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Participaremos en Ginebra este año para seguir las denuncias», aseguró, confirmando que la comunidad internacional está vigilando de cerca los informes de la Comisión de Expertos que, en febrero de 2025 y 2026, instaron al gobierno a detener la violencia y el encarcelamiento de sindicalistas.
Sara Alfaro, del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), puso rostro a esta persecución. Alfaro recordó el caso de José Leónidas Bonilla, sindicalista de Mejicanos que falleció bajo custodia del Estado en septiembre de 2022. «Es un crimen de lesa humanidad», afirmó, destacando que el día de su entierro fue exonerado de cargos, una ironía trágica que ha sido documentada ante las Naciones Unidas.
El comunicado del MTD exige la libertad inmediata de cuatro figuras clave que simbolizan la lucha laboral en el país:
- Sabino Antonio Ramos Cruz: Encarcelado desde abril de 2022, a pesar de contar con medidas cautelares decretadas por un juzgado.
- Giovanni Aguirre López: Sindicalista de la Alcaldía de San Salvador. Posee dos órdenes de libertad que no han sido acatadas; su familia exige una «prueba de vida».
- Misael Itamir Gómez: Pastor y sindicalista detenido tras un acto de solidaridad con trabajadores municipales.
- César Edgardo Hernández: Condenado recientemente a 30 años de cárcel en un juicio masivo basado en un solo testigo criteriado, en lo que su defensa califica como una aberración jurídica.
La unidad como respuesta
Finalmente, Héctor Rodríguez cerró la conferencia con un llamado a la acción colectiva. Ante lo que consideran un ataque frontal a la organización social, las agrupaciones siguen impulsando la Unidad.
«Hacemos un llamado a un Primero de Mayo en donde las diferentes organizaciones se puedan unir con sus diversas banderas de lucha», mencionó Rodríguez. Para los líderes sociales, la marcha del Día del Trabajo de este año no será solo una efeméride, sino una demostración de resistencia contra los despidos, la privatización de la salud y la criminalización de la defensa de derechos.
