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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La polémica sobre el “estado de excepción”, establecido con el fin de reducir la violencia y el accionar de grupos pandilleriles, continúa entre el gobierno y las organizaciones de derechos humanos que a un año de su implementación, aún no se vislumbra una fecha próxima para devolverle a la población salvadoreña, sus derechos constitucionales.
En sus redes sociales el presidente Nayib Bukele mostraba estos 12 meses como un logro del régimen de excepción. “Ahora, un año después cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”. Por el contrario, las organizaciones de derechos humanos presentaron su “Informe Anual sobre Violaciones a Derechos Humanos ocurridas en el marco del Estado de Excepción de El Salvador”.
En una homologación de casos atendidos por las organizaciones: Azul Originario, AMATE, FESPAD, IDHUCA, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el SSPAS, se manifestaron en el marco del primer año de vigencia del estado de excepción cuyas valoraciones coinciden en la gravedad de la suspensión de una serie de derechos y garantías constitucionales en el país.
En cuanto a la percepción de la población que da “aprobación” a estas medidas, Gabriela Santos, del IDHUCA, señaló que el problema es que no se termina de comprender la implicación de la suspensión de manera extraordinaria de sus derechos como ciudadanía.
“No es una política pública y tampoco que pueda ser permanente en el tiempo. El problema siempre ha sido que el gobierno -en su discurso y narrativa- ha presentado el régimen como una política pública permanente, pero esto no implica que sea ideal”, afirmó.
“Por el contrario, en un principio había un Plan de Control Territorial, que sería el esfuerzo que tuvo que haberse fortalecido para que las condiciones de las personas pudieran vivir con seguridad. Porque el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos y todas, pero no ha cumplido con ese rol”, reafirmó Santos.
Reportes e investigaciones periodísticas, así como el Departamento de Estado (EEUU), han señalado que el origen del estado de excepción se dio por “el término de una posible tregua entre pandillas con el gobierno actual” y por esto se dio el alza de homicidios el año pasado. “Entonces, el estado de excepción fue una medida que tomó el gobierno como respuesta a ese rompimiento de esa -presunta tregua-, ante una tasa terrible de homicidios,pero esa suspensión de derechos debió ser temporal, y una vez, resuelto ese problema, no debía seguir el régimen de excepción, los derechos no son transables”, acotó.
Héctor Carrillo, de FESPAD, indicó que hay claridad en que la población esté “a favor y contenta por la reducción de los indicadores de violencia”, aunque no necesariamente por el régimen de excepción, al señalar que desde la “estrategia comunicacional del gobierno” orienta a la ciudadanía a que este vacío de garantías constitucionales ha reducido la violencia en sus territorios. “Como organizaciones vemos positiva esa reducción de la violencia en los territorios, esa percepción ciudadana positiva con respecto a la reducción de la violencia. Lo que nos preocupa es la inexistencia de mecanismos adecuados para evitar la vulneración a derechos humanos y particularmente la violación de los derechos de las personas inocente”, alegó.
“Hay una acción potente desde el Estado punitiva (represiva) pero hay pocos mecanismos de control para evitar arbitrariedades, esa es nuestra preocupación, y queremos evitar injusticias contra personas inocentes”, reiteró Carrillo.
Sobre datos generales, Alejandra Burgos de la RED, señaló que entre las organizaciones firmantes registraron un total de 4, 723 casos de violaciones de derechos humanos. En donde AMATE registró 44 casos, un número equivalente a víctimas directas de la población LGBTIQ+ , entre personas trans, no binaries y queer.
“CRISTOSAL reportó 3,260 casos los cuales constituyen un total de 3, 385 víctimas directas. Mientras, FESPAD contabilizó 208 casos con un total de 297 personas afectadas de manera directa. Y el IDHUCA documentó un total de 577 casos que engloban un total de 821 víctimas directas”, señaló.
“La Red de Defensoras atendió un total de 32 casos, con un total de 33 víctimas directas y el SSPAS registró un total de 187 casos, con un número equiparable de víctimas directas reportadas. En total se registran 5, 082 víctimas directas de presuntas violaciones a derechos humanos”, subrayó Burgos.
En cuanto a la población afectada por estas acciones violatorias a sus derechos, se encuentran personas adultas y jóvenes que constituyen el 93% del total de víctimas. Y según sus datos colectivos reflejan que el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia víctimas de violaciones a derechos humanos. Y en cuanto a la identidad de género corresponde un 83.55% masculino y el 14.62% femenino.
“Los departamentos registrados que poseen una mayor cantidad de vulneraciones ha sido San Salador, con un total de 1,897 víctimas, luego La Libertad, con 566 víctimas; Sonsonate, con un total de 462, Usulután con 388 víctimas, Santa Ana con 357 y Ahuachapán con un total de 280 víctimas, aunque el fenómeno en detrimento de los derechos humanos es en todo el territorio nacional”, reiteró Burgos.
Verónica Reyna, de SSPAS, denunció la muerte de 102 personas bajo custodia del Estado, como han ido registrando por informaciones de las organizaciones y notas de prensa. Lamentó que la mayoría de estos fallecimientos presentaron “signos de muertes violenta”.
“Entre estas está el estrangulamiento, fracturas de costillas, heridas de abdomen y cabeza y edemas pulmonares, son datos incluso los reportes de las mismas autoridades. Aunque en la mayoría de estos casos las causas de la muerte no está determinada en los registros porque las investigaciones no se han podido realizar o porque al final, las relacionan a condiciones enfermedades cardíacas, respiratorios o enfermedades crónicas”, dijo Reyna.
