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Redacción Nacionales
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El economista José Luis Magaña indicó que debido a la Ley de Agentes Extranjeros muchas organizaciones han decidido no registrarse o dejar de operar antes de ceder a las presiones, tal como recientemente lo anunció la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en El Salvador (FUDECSO) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
“Ningún agente de cooperación le va a dar financiamiento a una organización si su fin es desestabilizar, las organizaciones que reciben dinero del extranjero, de organismos de cooperación internacional, son ONGs que tienen toda su acción bien cuadriculada en cuanto van a recibir este dinero para este proyecto en beneficio de determinadas poblaciones”, sostuvo Magaña, al referirse a los argumentos del gobierno para afectar a las oenegés.
Al revisar la historia de las ONGs, donde más temas políticos ha habido, no es en las organizaciones que reciben flujos del exterior, sino de las que obtienen dinero localmente.
El economista señaló que todos los flujos de cooperación internacional para las organizaciones son y han sido utilizados en apoyos a la población, por ejemplo, todo lo relacionado con la agroecología en este país ha sido financiado por cooperación internacional.
“Nada de lo que hacen las ONGs debería de ser visto desde ningún gobierno como una amenaza para el mismo gobierno, más bien se deberían de generar vínculos para poder dialogar y construir de manera participativa y conjunta el país que queremos”, enfatizó Magaña en la entrevista Encuentro con Julio Villagrán.
Asimismo, consideró que el gobierno en vez de estar atacando a las ONGs y utilizar una narrativa poco constructiva, sería más conveniente retomar esas iniciativas
desde la institucionalidad pública, convertirlas a política pública y darles financiamiento público, no a las organizaciones, sino a los proyectos que traen beneficios a las comunidades.
Agregó que el papel de las ONGs en El Salvador y en el resto del mundo es hacer frente a las realidades en las comunidades cuando el Estado está ausente, o solo figura en su lado más autoritario, las organizaciones cumplen con el acceso a servicios públicos, atención a la población, y protección social, que los gobierno no logran terminar de cumplir.
Magaña explicó que el impuesto del 30% a las donaciones recibidas por las organizaciones no tiene una base legal, porque tasar los flujos de cooperación es ponerle un impuesto al impuesto, que ya fue pagado por las personas residentes en los países de origen.
“Ese ataque a las ONG no solo está dándose en El Salvador, sino veamos todo el recorte que hubo a la USAID, a los fondos de cooperación estadounidenses a través de esta oficina que tuvo Elon Musk, hay todo un cuestionamiento al tema de las ONGs”, reiteró.
