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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“En 1992 se firman los Acuerdos de Paz, en 1993 se emite una ley de impunidad como se conoce a la Ley Amnistía que no permitió a las víctimas conocer la verdad, obtener justicia y medidas de reparación. Y en 2016, una resolución de la Corte Suprema de Justicia, reconoce su inconstitucionalidad y mandó al Estado a tomar medidas urgentes, que no se han cumplido”, explicó Gloria Anaya.
La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, dejaron una carta dirigida al presidente del órgano Legislativo, Ernesto Castro, en la que piden aprobar una norma que garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral que aseguren que no habrá repetición de estos hechos violentos.
La carta para el diputado presidente, Ernesto Castro, detalla, sobre la sentencia aludida, que no ha sido acatada y permanece un “muro de impunidad” ante estos violentos hechos, pese a las obligaciones que tienen como primer órgano del Estado en cumplir. Y que se delimita en una normativa sobre “justicia transicional”, que permitiría a las víctimas conocer la verdad de sus hechos denunciados, se enjuicie a los responsables que violaron sistemáticamente los derechos humanos de la población salvadoreña.
“En reiteradas ocasiones en estos 6 años hemos presentado diversas propuestas de ley para que se cumpla con esa resolución, pero, sobre todo, a que cumplan su mandato establecido por la Constitución de la República, porque es un derecho negado por décadas”, afirmó.
“Hay madres que tienen 45 años buscando sus hijos, recordemos la Masacre de los Estudiantes de la Universidad de El Salvador en julio de 1975, a partir de lo cual, se constituye COMADRES (Comité de Madres de Desaparecidos y Asesinados), que desde ese momento exigen justicia”, declaró Anaya.
Asimismo, destacó el caso del defensor de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria, que tenía a cargo la Comisión Salvadoreña de Derechos Humanos (CIDH) y era padre de Gloria Anaya, así también mencionó las masacres de El Mozote y sitios aledaños y la masacre de el Río Sumpul, en los años ochenta, que estuvo marcado por una época de terrorismo de Estado.
“Recuerdo como fue secuestrado, golpeado, torturado en las mismas celdas de Mariona (Centro Penal La Esperanza), y ahí mismo trabajó con los testimonios de muchas personas que habían sido torturadas los presos políticos en ese momento”, dijo Anaya, en referencia a su padre, Herbert Anaya Sanabria, quien después fue asesinado por el régimen. “Como los compañeros del COPES que fueron víctimas de tortura en su detención”, acotó Anaya.
En cuanto a los diversos proyectos legislativos presentados sobre la Ley de Reconciliación Nacional o Justicia Transicional, que presentaron diversas fracciones legislativas desde el año 2018, que incluyó la aprobación en 2020, que señaló Anaya, tuvieron tres características similares.
“Abría la posibilidad de una amnistía encubierta al dejar abiertas varias opciones para que los victimarios evadieran el cumplimiento de las penas; también, no establecían mecanismos claros para acceder a la información en poder de las Fuerzas Armadas (FAES). Y no consultaron a las víctimas, ni a las organizaciones en el establecimiento de mesas técnicas con participación de las víctimas para ser parte de la elaboración de la normativa”, aclaró Anaya.
“Actualmente, estamos viendo cuantas personas están siendo encarceladas siendo inocentes, torturadas y muchas personas inocentes pasando por esa dura experiencia, y es lo que no queremos que más personas no sigan sufriendo este tipo vejámenes”, reiteró.
Sobre la demora de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos, Anaya, reseñó, que en septiembre del año pasado fueron recibidos algunos colectivos y víctimas del conflicto armado, con el objetivo de crear una “ley de justicia transicional, y se realizaron varias audiencias y la creación de una Mesa Permanente de Diálogo, sin mayor actividad legislativa.
Lo único que aprobaron fue la “Ley Especial para establecer el estado familiar , filiación, nacimiento o muerte de las víctimas de la Masacre El Mozote y lugares aledaños”, que agregó, Anaya, esta normativa recibió críticas, por no consultar a las víctimas y por disposiciones en el texto de ley que son lesivas a los derechos a este grupo poblacional y no se acerca al estándar del derecho internacional.
“Queremos que se garantice la plena participación de los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que la representan, en todas las etapas del proceso de formación de ley, eso implica de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos establece un mesa de diálogo permanente con las víctimas y organizaciones”, reiteró.
Y que se retome “Con seriedad los proyectos de ley que reiteradamente que han presentado los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos, con especial atención al ingresado el 7 de octubre de 2021”, concluyó Anaya.
