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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“Reconocemos que existen, aún, muchos obstáculos en la aplicación de justicia en el asesinato de Monseñor Oscar Romero”, expresó Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en el pronunciamiento público, en el marco del Trigésimo Noveno aniversario luctuoso del pastor mártir.
Este próximo 24 de marzo, designado como Día Nacional Monseñor Romero y Día Internacional de la Verdad en relación a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (ONU), Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y la Concertación Monseñor Romero El Salvador, quienes exigieron agilizar la investigación del caso en el Juzgado 4to. de Instrucción.
“El caso de Monseñor Romero, se reaperturó en mayo de 2017, luego de presentar nuestra petición en marzo de ese mismo año, donde solicitamos diligencias importantes que nunca se peticionaron en este proceso histórico, así como la incorporación de documentos estratégicos que no estaban en el expediente, debido a la Ley de Amnistía (1993). Y estos documentos son el Informe de la Comisión de la Verdad y la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000) y parte de juicio de Fresno al excapitán Álvaro Saravia (2004) y su petición de orden de captura”, explicó.
Díaz, señaló también, la importancia que tendrá en el proceso judicial incorporar el testimonio de Amado Garay, quien fue motorista del asesino de Monseñor Romero, esa tarde del 24 de marzo de 1980, en el Hospitalito “Divina Providencia”. Así como la reparación a la familia, Iglesia y la sociedad salvadoreña.
“Hemos presentado también, ante el juez, una lista de presuntos implicados e imputados, que pueden ser hechores materiales, intelectuales y financistas, que nos interesa mucho establecer. Hay dos líneas de investigación el caso histórico (1980), está en el 4to. de instrucción y la otra línea es la que obliga a la Fiscalía, a investigar a nuevos imputados en las acusaciones, que están mencionados en documentos y otras declaraciones de investigaciones que se realizaron en Fresno y un medio digital salvadoreño”, sostuvo.
Sobre el cumplimiento del Estado salvadoreño el Padre Fredy Sandoval, de la Concertación Monseñor Romero, consideró que si bien el actual gobierno reconoció la responsabilidad como Estado, en el asesinato del Pastor mártir y acató las disposiciones de la resolución de la CIDH, admitió que solo el Ejecutivo, ha cumplido algunas recomendaciones, mientras el Judicial y Legislativo, no tienen registros de acciones concretas sobre el caso.
Fotos Diario Co Latino/Alex Henríquez.
“Sabemos que el Ejecutivo, tiene una responsabilidad en dos sentidos, realizar obras de reparación de violaciones cometidas contra Monseñor Romero, por no proteger su vida, no tener tutela judicial, la no investigación del caso, cuando se trata de un crimen de lesa humanidad. Y si bien el expresidente (Mauricio Funes), pidió perdón sobre este crimen, nosotros propusimos otros actos más dignos, pero no se nos escuchó; esperamos que cuando termine el proceso judicial el presidente en turno haga ese complemento de la petición de perdón”, manifestó.
Sobre el órgano legislativo, señalaron el desinterés para legislar en lo pertinente a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de este tipo de actos de lesa humanidad.
Y rechazaron su pretensión de emitir una ley de reconciliación que acalle de nuevo, la petición que parte de víctimas sobrevivientes, familiares de desaparecidos y víctimas del conflicto armado.
En cuanto al órgano judicial y el ministerio público, las organizaciones exigen que en el caso de Monseñor Romero, se deberá agilizar el proceso de investigación de los posibles implicados, entre ellos Fernando Sagrera, Mario Molina, Alejandro Cáceres, capitán Eduardo Ávila, Nelson Morales y Nelson García, que fueron mencionados en varios documentos, pero nunca existió una investigación sobre estas personas, perpetuando la impunidad.
