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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Salvador es el segundo país más deforestado en América, con reducidas cantidades de “áreas naturales protegidas”, con una constante crisis de agua, especies amenazadas a la extinción y la vulneración ante los fenómenos climáticos frente al impacto del cambio climático.
No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) extendió 1,586 permisos ambientales (2021-2022) a iniciativas privadas, mismas que han sido denunciadas por las comunidades en sus territorios por depredar el medio ambiente del país.
Es así que el Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales “Nahuizalco -Sonsonate”, MESUTSO, FESPAD y UNES, aglutinadas como organizaciones ancestrales, ambientalistas y de defensoras de derechos humanos, rechazaron el incumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño de proteger el patrimonio cultural, ancestral y natural en el país.
“Nos indigna como el Estado a través de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Cultura (MICULTURA), violenten con impunidad, y de manera sistemática los derechos de las comunidades nahuas de Sisimitepet y Pushtan, que desde casi 20 años, son guardianes del abuelo Sensunapan o Río Grande de Sonsonate”, expresan en un pronunciamiento público.
Con respecto a la Ley Ambiental, en su Título sobre el objetivo de la ley (Art.1), señala que tiene por objeto “desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República, referidas a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones”.
Así como, normar la gestión ambiental, “pública y privada” y la protección ambiental como “obligación básica del Estado, municipios y habitantes en general”.
Ariela González, abogada de FESPAD, explicó que de acuerdo con la Ley de Medio Ambiente (Art.9) está definido el derecho de la población a tener acceso a la información ambiental y ser informado de forma oportuna de las actividades o proyecto que podrían afectar su entorno.
“Sin embargo, ante la amenaza de construcción de un octavo proyecto hidroeléctrico en el río Sensunapan, desde el MARN ha predominado el secretismo y se ha favorecido a la empresa extractivista que pretende seguir lucrando con los bienes naturales y culturales”, indicó.
“Es muy probable que el proyecto está siendo modificado por parte de la empresa, y que para ello están recibiendo posibles apoyos del MARN, pese a que esta institución pública conoce de primera mano los impactos ambientales y culturales negativos que esto causaría”, agregó González.
En el pronunciamiento las organizaciones mencionan que las mediciones topográficas, que incluye una “tala anómala” de los bosques de galería (bosque de ribera o soto, masa arbolada de tipo caducifolio u hoja caduca, en riberas de ríos) que rodean al Sensunapan, pueden estar formando parte del posible “rediseño” del proyecto hidroeléctrico.
Las organizaciones lamentaron que el MARN, a la fecha, no ha proporcionado a las comunidades nahuas que están en situación de vulneración, los resultados de las “visitas técnicas” realizadas por por técnicos de Medio Ambiente, en acatamiento a la orden judicial extendida por la Cámara Ambiental.
“El MARN tampoco ha emitido una resolución respecto al proyecto, a pesar de que ha quedado plenamente demostrada la destrucción inevitable de los ecosistemas, la afectación al modo de vida de estas comunidades ancestrales y el daño irreversible al patrimonio cultural de naturaleza ancestral”, dijo González.
También criticaron que las empresas gocen del favor de la entidad del Estado, en detrimento de las comunidades nahuas, a razón de los intereses económicos que está por encima de la protección de la naturaleza y el patrimonio cultural .
Las organizaciones consideran que se deja en un segundo plano las demandas de las comunidades indígenas, las cuales han dejado en claro que proyectos de este tipo, lo único que buscan es la acumulación de riqueza de un “pequeño grupo” para dar una “falsa imagen de desarrollo” sobre los derechos humanos de personas que viven en vulnerabilidad.
El Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales “Nahuizalco -Sonsonate”, MESUTSO, FESPAD y UNES expresaron que la “resistencia a favor de nuestra espiritualidad y ecosistemas es una lucha digna y plena por la vida misma”.
“El gobierno salvadoreño, tal como ha sucedido por 499 años, sigue siendo el opresor de turno de las poblaciones indígenas, así como una herramienta al servicio de las clases económicamente poderosas y una maquinaria de muerte contra la sagrada naturaleza”, agregaron.
Las organizaciones en mención hicieron un llamado a las naciones Lencas, nahuas, kakawiras, chorti, pokomam y afrodescendientes a construir una “acción colectiva” en defensa de la vida, y defender sus territorios, impulsando la autonomía y la diversidad.
“Denunciamos enérgicamente al Estado salvadoreño por incumplir su papel de proteger los bienes naturales, favorecer los intereses de los mismos de siempre y vulnerar el patrimonio cultural de la sociedad salvadoreña”, reiteraron.
