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Saúl Méndez
Colaborador
El pasado viernes 19 de diciembre, el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES) y el Movimiento de Trabajadores Despedidos de la PDDH (MTDPDDH) contabilizaron al menos 77 empleados despedidos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), bajo la figura de supresión de plazas. Cerca del 80 % de las personas cesadas pertenecían a la sede central, ubicada en San Salvador.
Los despidos también alcanzaron a las delegaciones departamentales de Santa Ana, La Unión, Chalatenango, Ahuachapán, La Paz y Usulután. Además, se reportó el desmantelamiento completo del departamento de Auditoría Interna y del departamento de VIH y derechos humanos.
Según el movimiento de trabajadores, las notificaciones de despido fueron entregadas tanto de forma física como a través de correos electrónicos institucionales. Informantes señalaron que la PDDH habría intentado reducir el impacto inmediato de la medida instruyendo al personal a realizar teletrabajo el viernes a partir de las 12:00 del mediodía.
La nota de despido, filtrada por algunos de los empleados cesados, señala que la medida “no constituye despido o destitución, sino una medida presupuestaria de urgencia para salvaguardar los servicios de la institución”.
La PDDH justificó la decisión como una adaptación a las modificaciones presupuestarias previstas para el año 2026, especialmente en el rubro de remuneraciones. Según el comunicado “es necesario hacer ajustes que permitan la continuidad del trabajo institucional”.
“En razón de lo anterior, se le comunica que, con base en la Ley del Servicio Civil, debido a la disminución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2026 y posterior a los respectivos estudios del alcance de dicha modificación presupuestaria, en cumplimiento de las normas técnicas presupuestarias 2026, la plaza que usted ostenta ha sido suprimida a partir del día uno de enero de 2026”, señala textualmente una de las cartas de despido entregadas a los afectados.
El SEPRODEHES y el MTDPDDH sostienen que, con estas medidas, se busca debilitar o desaparecer la organización sindical dentro de la PDDH, ya que cerca de 25 de las personas despedidas formaban parte del sindicato.
La mayoría de los trabajadores despedidos cuenta con entre 15 y 25 años de antigüedad institucional. Los afectados ocupaban cargos en áreas jurídicas, servicios generales, personal administrativo y otras dependencias clave para el funcionamiento de la institución.
Asimismo, se conoció que entre las personas despedidas se encuentran la jefa de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer y la jefa del Departamento de Denuncias, cargo que era desempeñado por Carolina de Hernández, quien recientemente fue candidata a procuradora para la defensa de los derechos humanos.
Expertos en materia jurídica señalaron que la frase utilizada por la PDDH para justificar las cesaciones laborales: “no constituye un despido o destitución”, resulta problemática y representa un intento de confundir a la opinión pública, no solo desde una perspectiva semántica, sino también ética, laboral y política.
“Si una plaza es ‘suprimida’ y la persona deja de laborar a partir de una fecha determinada, el efecto práctico es idéntico a un despido. El derecho laboral no se define únicamente por la forma jurídica, sino por el impacto concreto en la vida del trabajador. Negar eso es desconocer la realidad social del trabajo”, señalaron.
Los despidos en El Salvador han afectado a diversas instituciones públicas. Algunas de las carteras de Estado señaladas por despidos masivos en los últimos meses incluyen:
Fondo Solidario para la Salud (Fosalud): 1,100 empleados despedidos.
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA): 25 empleados despedidos.
Alcaldía de La Paz Este: 140 empleados despedidos, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS): 30 profesionales de la salud despedidos en San Miguel y 377 en distintos hospitales; Correos de El Salvador: 20 empleados despedidos.
Ministerio de Educación: 14 docentes despedidos y 4,214 plazas suprimidas.
Alcaldía de San Salvador Este: 490 empleados despedidos, incluidos 340 del área de aseo Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (Inabve): 200 empleados despedidos, Ministerio de Salud: 6,000 empleados despedidos; Policía Nacional Civil (PNC): se prevén recortes de plazas.
Equipos Comunitarios de Salud (ECOS Familiares): cierre de algunos equipos de atención.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) reporta que, en un período de 10 meses de 2025, un total de 18,585 empleados públicos han sido despedidos a nivel nacional.
