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El gobierno salvadoreño en el último año se ha resistido sistemáticamente a los procesos de fiscalización y rendición de cuentas, ante las instituciones contraloras del Estado. La actual crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 le ha permitido al gobierno del presidente, Nayib Bukele, contar “con la mayor disponibilidad de recursos”, advierte la diputada del FMLN y directiva de la Asamblea Legislativa, Yanci Urbina.
La parlamentaria habló sobre esta disponibilidad de recursos en el presente año y los desafíos del país de cara al nuevo presupuesto general de la nación de 2021, próximo a presentar al Congreso.
-Desde que llegó al poder el Gobierno actual ha sido recurrente la solicitud de recursos, varios préstamos se aprobaron antes de la emergencia. Con la pandemia esto se expandió y se otorgaron más recursos. ¿Cuánto ha tenido a disposición este Gobierno?
Una característica clara que ha tenido este Gobierno es que permanentemente ha hecho una solicitud de recursos extraordinarios para el funcionamiento del aparato del Estado. Antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros tuvimos la aprobación de un presupuesto 2020 que ya contemplaba una partida bastante alta, en términos de deuda. En el presupuesto 2020, le autorizó la Asamblea $645 millones para completar el gasto planteado (…) hay que tener en cuenta que tuvo serios cuestionamientos ese presupuesto por la falta de transparencia. Ese presupuesto tenía una asignación de $645 millones de deuda. En el último período del año (2019), el Gobierno inició una serie de peticiones para financiar lo que denominó: “Plan de Control Territorial”. Tuvo serias dificultades para justificarlo, porque buena parte de esos fondos que supuestamente iban para el financiamiento de la atención en seguridad, eran prácticamente gasto corriente de diferentes carteras de Estado. $91 millones se le autorizó en su primera vuelta, junto con el presupuesto; y luego solicitó $102 millones, que fue aquella justificación sobre la cual irrumpe militarmente en la Asamblea Legislativa, e incluso a manera de presión da un autogolpe a la Asamblea (el 9 de febrero).
Desde la pandemia, y agravado con la situación de salud, la Asamblea Legislativa en marzo le aprobó un fondo extraordinario de $2,000 millones. Entre finales de marzo y primeras semanas de abril se aprobaron mil millones adicionales, el grupo parlamentario del FMLN no votó por ello, porque eran para los mismos rubros ya aprobados en los $2 mil millones, era duplicar el gasto. Los partidos de derecha aprobaron. De esos fondos, hay que decir, el Gobierno hizo en este año una emisión de títulos valores por mil millones, colocada a una tasa de interés sumamente alta. $483 millones en Certificados del Tesoro (CETES), y tiene prácticamente la mayor emisión en LETES, en la historia reciente del país, ahora el saldo en LETES es arriba de los $1,400 millones; es decir, que ha emitido LETES por más de $400 millones durante los últimos meses.
Significa que, además, de los fondos de cooperación, que es otra fuente de ingresos, realmente este Gobierno ha tenido una disponibilidad extraordinaria de recursos. Hoy hablamos que junto a los ingresos corrientes del Estado, materializados ya como deuda de corto y mediano plazo, y en ingresos corrientes del Estado, estimamos en más de $4,800 millones los ingresos a la fecha.
-En ese sentido, hemos visto falta transparencia. Este tema de la transparencia cómo lo valora.
Es preocupante, no es una actitud recurrente, ahora observamos un patrón de conducta de este gobierno, que permanentemente tiene una acción en contra de la transparencia, en contra de garantizar que la población pueda observar qué está pasando con el uso de los fondos públicos. El patrón de conducta de este Gobierno es más una obstaculización permanente a la información que pueda justificar el uso de los recursos. Ese patrón se repite no solo en una dependencia del Estado. Aunque hay más graves, como en el Ministerio de Agricultura, donde ha habido incluso una resistencia a que la Corte de Cuentas se instale y desarrolle su labor. La Corte de Cuentas ya ha notificado esta obstaculización. Hoy, incluso vemos una elección cuestionada para la conformación del Instituto de Acceso a la Información. Parece que se busca que esas instancias del Estado no funcionen. Es grave que este tema se está institucionalizando.
-La Asamblea ya dio un paso en la conformación de la comisión especial para indagar el uso de estos recursos a disposición del Gobierno. ¿Cuál será el papel de la Comisión Especial ante este tipo de conductas institucionalizadas?
La Asamblea Legislativa decide conformar la comisión especial ante la avalancha de casos de compras públicas en el marco de la pandemia, que claramente expresan conflicto de intereses, sobreprecios, compras posiblemente dirigidas con otro interés que no es la calidad ni el precio, sino favorecer allegados. Ha sido tanto el nivel de exposición del tema, que la Asamblea debe verificar que las autorizaciones que realiza para el uso de fondos públicos sean acordes a lo dispuesto en ley y, si no ocurre así, la comisión especial investiga. Esta comisión arranca con la colocación de títulos valores emitidos en esta pandemia, préstamos, donaciones, reorientaciones presupuestarias con aprobación o sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Ya la comisión hizo planificación de trabajo, en este mes de septiembre se recibirán a los funcionarios que han tenido la mayor cantidad de recursos asignados para la atención de la pandemia.
-Para finalizar, ya en septiembre el Gobierno debe presentar el presupuesto 2021. ¿Qué expectativas tienen dentro del escenario perfilado en el manejo de las finanzas públicas?
Este año hemos experimentado las consecuencias de un presupuesto que dejó fuera muchas de las demandas ciudadanas. El presupuesto 2020 prácticamente mintió a la población. El costo ha sido muy alto para la población, veteranos ha sido uno de los sectores que está experimentando la mentira del Gobierno. El Ejecutivo tiene cuatro meses de no pagar a los veteranos y para concluir el año el presupuesto de los veteranos es de $68 millones. Tenemos una expectativa que haya un presupuesto que de respuestas a las necesidades de la ciudadanía, que proteja la economía familiar, que atienda brechas de desigualdad y no siga profundizando recortes. Estaremos muy atentos que no venga desfinanciado y tenga las estimaciones reales. Queremos ver si materializará el Gobierno el compromiso adquirido con el FMI, para 2021-2024. Estaremos atentos a que ningún ajuste sea a costa de los salvadoreños.
