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Redacción Nacionales
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Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) señalaron que desde enero a octubre de 2022 atendieron un total de 1,815 mujeres en situación de desplazamiento, debido a la violencia social y el cambio climático. Las mujeres mencionaron haber estado mayormente expuestas a amenazas y amedrentamiento, y entre otras vulneraciones indicaron el homicidio de un familiar, extorsiones y lesiones en su contra.
Sobre cambio climático, el 72.3% fue víctima del desplazamiento por las tormentas y deslizamientos provocados por lluvias, mientras el 15.7% a causa de otros hechos asociados a los fenómenos naturales. En los casos de violencia basada en género, los hechos más mencionados fueron la violencia psicológica, seguida por la física; además, de haber sufrido violencia sexual, económica e intrafamiliar, entre otras vulneraciones.
Según datos de SSPAS, el 33% de las mujeres identificaron como victimarios a las pandillas, 21.4% a la Policía Nacional Civil, 20% a su expareja y el 25.6% a otros, que incluye a la pareja actual, padrastros, agentes estatales.
Mientras que, en los datos de Cristosal, los identificados como victimarios fueron: 34.7% Mara Salvatrucha, el 29.7% la Pandilla 18 y el 35.6% a otros que incluye: policía, exparejas, militares, pareja actual y funcionarios públicos.
Desde el 1 de enero al 31 de octubre, SSPAS atendió 550 casos de desplazamiento forzado interno, de los cuales, el 51.5% son mujeres entre los 30 a 59 años, en el 33.0% de los casos los victimarios son pandillas y en un 21.4% son agentes de la PNC.
Ambas organizaciones también brindaron atención a mujeres trans, Cristosal asistió ocho casos y SSPAS seis.
Tanto Cristosal como SSPAS atienden una tarea que corresponde al Estado, las personas desplazadas deberían recibir atención y protección con los parámetros dictaminados por la “Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno”, sin embargo, esto no es aplicada, debido a la falta de reglamento y falta de presupuesto para estas atenciones.
Ambas instituciones consideraron importante que se apliquen las leyes existentes para la protección de las mujeres, además, es necesario crear políticas públicas que prevengan de manera integral la violencia contra este sector de la población, a fin de promover la equidad, plena inclusión y su participación en todos los ámbitos.
