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Mujeres, principales afectadas por detenciones arbitrarias de familiares por el régimen de excepción

Samuel Amaya
@SamuelA

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador (OUDH) y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) presentaron un informe sobre las principales afectaciones a familiares de personas privadas de libertad en el contexto del régimen de excepción. Las mujeres son las principales afectadas por esta situación, ya que son las que están al frente de un hogar.

El informe ha sido elaborado principalmente con base en los casos atendidos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). Entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, el Instituto recibió un total de 1,000 casos que corresponden a 1,124 víctimas. De ellas, 1,026 víctimas fueron por detención arbitraria; 883 hombres (86.06%), 142 mujeres (13.84%) y 1 mujer trans (0.10%).

El rango de edad con más casos de detenciones se concentra entre los 18 y los 35 años. El 75.7% de las personas que interpusieron denuncia son mujeres mientras que el 24.3% son hombres.

El Idhuca documentó la existencia de 2,742 familiares afectados en estos mil casos.

Los rangos de edad con mayor registro fueron los niños, niñas y adolescentes con un 33.4%, y en segundo lugar están los jóvenes entre los 18 y 35 años y los adultos entre los 36 y 59 años, cada uno con el 25.9%.

En el grupo familiar, el 62.9% son mujeres, mientras que el 36.36% son hombres.

Entre los tipos de vínculos familiares, las madres representan el 18.9%, las parejas o cónyuges el 14.2%, las hijas e hijastras representan el 13.9% y las hermanas representan el 9.2%.

“Partiendo de la información de las fuentes de recolección (casos recibidos en el Idhuca, grupo focal y monitoreo de medios) se evidenció que el principal grupo vulnerado en razón de la privación de libertad de un familiar son las mujeres”, destaca el informe.

Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, sostuvo que más de 80 mil personas han sido detenidos en el marco del régimen de excepción y con las reformas que ha habido se prolonga el tiempo en el que se encuentran detenidos por la ampliación de tiempo en el desarrollo de las audiencias

Santos destacó que ha habido ausencia en cuanto a la transparencia, pues muchos familiares de detenidos desconocen del paradero y menos de la situación en la que se encuentran.

“No tenemos, actualmente, certeza en qué calidad se encuentra la persona, su situación de salud, tampoco hay visitas familiares, por lo que esto implica que la personas no tengan certeza ni claridad de cómo se encuentran su familiar detenido y en general, no tenemos datos certeros de cómo ha evolucionado esta afectación a las personas, tanto de los que están dentro de las cárceles como a sus familiares”.

La directora del IDHUCA planteó que hay falta de confianza en las instituciones públicas, ya que consideran que no va a existir un debido proceso. “Lo que estamos viendo también es el miedo, por ejemplo, miedo a que si yo voy a consultar como se encuentra la persona detenida o denunciar su detención arbitraria, la persona que vaya a denunciar sea capturada”. Por ello, los salvadoreños afectados por el régimen se abocan a las organizaciones defensoras de derechos humanos a interponer las denuncias.

En cuanto a las afectaciones psicológicas, la atención a víctimas registró 27 diferentes tipos de impactos negativos generados por la detención de la persona familiar y su permanencia indefinida en dicha situación.

Las cinco afectaciones con mayor prevalencia son: la angustia, la preocupación, la tristeza, la frustración y el estrés. En conjunto, estas cinco afectaciones están presentes en el 51.7% de los casos. Sin embargo, hay algunas más graves, como aquellas relacionadas al suicidio (1.44%) o la depresión (5.03%).

En cuanto a las afectaciones físicas se registran quince diferentes tipos de impactos, en los cuales destacan la pérdida del apetito (28.51%), la disminución del sueño (28.07%) y el cansancio o fatiga (18.42%). En conjunto, reúnen el 75% del total de casos con registro de tales afectaciones.

Sobre los impactos en el grupo familiar destacan la fragmentación del grupo familiar (38.69%), el deterioro del proyecto de vida (36.31%), el deterioro o pérdida de las relaciones y vínculos familiares (13.69%) y la pérdida de uno o más integrantes de la familia (8.93%).

Dentro de las afectaciones sociales se encuentran en mayor medida la pérdida o deterioro de las redes de apoyo social (63.75%) y, en menor medida, la pérdida o deterioro de las relaciones comunitarias, la estigmatización y el abandono de labores asociado a la situación de privación de libertad.

El OUDH sostuvo que el Estado es el principal responsable de estas afectaciones, “ha actuado negligentemente respecto de la urgencia de corregir estos graves errores. Tampoco ha dispuesto de programas o acciones intencionadas para dar atención a las familias afectadas, lo cual puede explicarse por el fuerte componente de estigmatización del que está cargado este régimen, lo que se evidencia en las actitudes de algunos operadores de justicia que dan un trato indigno e inhumano a las familias que acuden en busca de información”.

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