Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Alessia Genoves
Colaboradora
Una mujer trans fue condenada a 45 años de cárcel, tras ser vencida en juicio por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas con la Mara Salvatrucha (MS-13), hechos delictivos que habrían tenido lugar entre los años 2015 a 2017. La persona, sin embargo, fue identificada por su nombre legal masculino, Kevin Francisco Merino Beltrán, en perjuicio de su identidad de género; y, por otra parte, es asociada con una de las pandillas más intolerantes contra personas LGBT+.
Antecedentes y condena
Según los antecedentes, Merino Beltrán fue arrestada el 10 de marzo de 2023 en la colonia Las Arboledas II, Lourdes, Colón, La Libertad. En 2016 también fue detenida junto a una menor de edad por el delito de hurto agravado. Posteriormente, fue vinculada a la clica 65 Locos Salvatruchos de la MS-13, una estructura criminal que se dedicaba a cometer diversos delitos en el distrito de Mejicanos, San Salvador.
“Entre los delitos por los que fueron procesados los imputados destacan: Homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas; los cuales se cometieron entre el 2015 a 2017”, detalló la FGR. Luego del juicio, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado determinó la pena de 45 años de prisión para Merino Beltrán.
La organización AMATE El Salvador hizo un llamado al Estado Salvadoreño para que los procesos judiciales contra personas LGBT+ se lleven a cabo sin estigmas y prejuicios, y que las detenciones no formen parte de procesos arbitrarios.
Hasta la fecha, han identificado 95 personas LGBT+ detenidas durante el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, siendo 24 de ellas mujeres trans.
En situaciones como las registradas por Amate es válido cuestionar que Merino Beltrán perteneciera a la MS-13, ya que es esa la agrupación criminal identificada por su alta intolerancia hacia las personas LGBT.
Una suerte distinta corrieron Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, quienes fueron asesinadas por tres pandilleros de la MS-13 el 19 de febrero de 2017, en el municipio de San Luis Talpa, La Paz.
Los pandilleros Edwin Geovanni Méndez (“Cangrejo”), Anibal Alfredo Melara (“Spirit”) y de Carlos Antonio Molina ( “Coyote” ) fueron condenados con 60 años de prisión, con excepción del primero al que se le administró una sanción de 66 años de cárcel, según lo determinó el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca en su sentencia 46Z-3H4-17.
Mujer trans juzgada como “gay”
Otros casos similares al de Merino Beltrán han sido registrados, como la sentencia 293-2-2016 AC del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que hace referencia a la participación de una mujer trans/travesti en el delito de extorsión agravada, y la sentencia NC-31-2021 de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que menciona la participación de otras cuatro mujeres trans identificadas como “travestis” en el delito de hurto agravado.
La ausencia de una reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), que permita el cambio de nombre y género acorde a la identidad de las personas trans, ha dificultado el reconocimiento de la verdadera identidad de Merino Beltrán durante su proceso judicial.
En febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Asamblea Legislativa realizar dicha reforma, conforme a la sentencia 249-2022, pero transcurridos más de dos años, la reforma aún no se ha dado, por lo que organizaciones pertenecientes a la Mesa Permanente a una Ley de Identidad de Género señalan que el órgano legislativo ha incurrido en desacato.
Pese a estas ausencias, el Órgano Judicial ya ha otorgado el cambio de nombre a tres personas transexuales en el país, entre ellas, la activista Bianka Rodríguez, de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans).
No obstante, otros procesos se han asolapado proceso judiciales, como los de las primeras personas trans en cambiar de sexo legalmente en el país, Karla Guevara y Aldo Alexánder Peña porque, según lo exponen los apelantes, “aún no existe un marco normativo que establezca los parámetros para el cambio de nombre de personas trans” (Sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional).
