Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Las diferentes organizaciones y sectores de la sociedad civil aglutinados en la Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL), enfatizaron que el Estado lejos de ser un garante de los derechos humanos, laborales y sindicales, es uno de los principales transgresores. Los espacios de diálogo y apertura democrática para abordar las diversas problemáticas están en constante deterioro, se criminalizan las opiniones diferentes a la oficial.
Desde hace cuatro años se ha transgredido de forma grave los derechos laborales y sindicales, del 1 de junio de 2019 a marzo de 2023 un total de 19,025 personas fueron despedidas en las diferentes instancias estatales; hace un año y dos meses de implementado el Régimen de Excepción, medida utilizada por un lado para contener el auge de las pandillas, pero a la vez, ha servido para imponer terror a las luchas populares y de la clase trabajadora.
Según la MPJL, en lo que va del Régimen de Excepción han capturado alrededor de 20 líderes sindicales y trabajadores; entre ellos, se contabiliza un fallecido; el gobierno ha criminalizado liderazgos ambientales como los de la comunidad Santa Marta, Cabañas y miembros de ADES.
Desde el año pasado hasta el 15 de marzo de 2023, cerca de 65,795 personas han sido detenidas, se tiene en las cárceles al 2% de la población adulta de El Salvador, es decir, hay 1,200 presos por cada 100 mil habitantes, en su mayoría jóvenes en edades de 18 a 30 años.
El gobierno acusa en su propaganda a todas estas personas detenida como “terroristas” y cualquiera que critica al Régimen de Excepción o las medidas del gobierno, fácilmente puede ser capturada o acusada de colaborar con estas estructuras, la Constitución de la República está siendo transgredida por el oficialismo, lo cual trae consecuencias negativas para la frágil democracia del país, que marca un retroceso democrático de aproximadamente 50 años.
“El alto costo de vida de la población se ha incrementado, la tarifas del transporte, energía eléctrica, agua potable, telefonía, internet; la canasta básica, el precio de la gasolina y el diésel, el precio del gas propano, y de los insumos agrícolas están elevadísimos y no existe un control de precios por parte de las instituciones competentes”, indicaron los representantes de la MPJL.
Asimismo, pidieron detener el endeudamiento excesivo del gobierno, a marzo de 2022 la deuda representa el 80% del Producto Interno Bruto (PIB); reducir salario y gastos innecesarios a los altos funcionarios públicos de los diferentes órganos de Estado. Respeto a la libertad sindical, contratación colectiva, y estabilidad laboral; establecimiento de las libertades democráticas y el orden constitucional; no a la reelección presidencial.
