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Alma Vilches
@AlmaCoLaino
El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), denunció que el Régimen de Excepción y la Ley de Expropiación de Inmuebles son parte de una estrategia del gobierno para tomarse las tierras de comunidades campesinas e indígenas y desarrollar megaproyecto de grandes corporaciones, sin consultas previas, ni reconocer el derecho a una indemnización justa.
Mario Guevara, coordinador del MOVIAC, enfatizó que es alarmante el problema de las amenazas por desalojo en muchos lugares del país, como en el caso de Tecoluca, San Vicente, donde le fueron expropiadas a campesinos de la zona, 300 manzanas de terrenos dedicados a la captación de agua y producción agrícola, para construir el mega penal.
Los campesinos fueron amenazados con aplicarles la Ley de Expropiación si no aceptaban el valúo del Ministerio de Hacienda, el cual no reflejaba el valor real de la tierra. Similar caso sucedió en Guajoyo, donde a los agricultores les quitaron más de 300 manzanas de terrenos.
Asimismo, en la cooperativa Normandía aparecieron varios dueños, incluso, personas cercanas al presidente Bukele, demandando propiedad de tierras que pertenecen a la cooperativa, han congelado cuentas bancarias de la cooperativa, embargos y dejando en litigio más de 800 manzanas de tierras.
“Es preocupante porque son centenares de familia las que están sufriendo estas amenazas, de hacerse efectiva tendremos toda esta cantidad de personas sin vivienda y sin un lugar donde trabajar, estos son territorios donde ya hay arraigo comunitario y en la tierra, en un momento que deban ser desalojado se perdería lo que las familias han ido construyendo”, sostuvo Guevara.
Explicó que en estos momentos de crisis alimentaria generada por la sequía y la inflación, el panorama más próximo es el incremento de la pobreza extrema, la crisis será mayor porque las familias no tendrán vivienda ni tierras para trabajar. Hay muchas comunidades sin seguridad jurídica de las tierras, son familias vulnerables a la expropiación, cuando se afirma que viene con interés público.
A criterio de los representantes de MOVIAC, todos estos atropellos se han profundizado con el actual Régimen de Excepción, que con el pretexto de establecer una guerra contra las pandillas, busca desarticular y desmovilizar al movimiento social generando terror en la población, interviniendo comunicaciones sin decisión judicial, detenciones arbitrarias y persecución política contra comunidades organizadas.
La aplicación de Ley de Expropiación profundiza las condiciones de marginalidad y miseria de comunidades campesinas e indígenas, negándoles el derecho a la tierra e incrementando las condiciones para la expropiación. Esta violación al derecho a la tierra es histórica, El Salvador es el único país centroamericano, donde ningún pueblo ancestral tiene bajo su gobernanza y normativas propias tierras colectivas.
Otros lugares donde han desalojado a varias familias es Intipucá, para construir el aeropuerto del pacífico; en el Bajo Lempa terratenientes de la zona, en franca oposición a la ley, se habían apropiado de más de un kilómetro de playa en un área natural propiedad del Estado, inclusive colocaron rótulos prohibiendo el ingreso a personas.
En la comunidad El Chile hay familias con más de 25 años de vivir en la zona, y aún siguen esperando las escrituras. En la comunidad la Tirana la gente se opuso a la implementación de más de 450 manzanas de caña de azúcar, logrando detener la destrucción del bosque de mangle.
Las comunidades Eclesiales de Base Monseñor Romero de La Libertad denuncian las amenazas de desalojo de 293 familias del cantón El Triunfo, de Santa Tecla, debido a una deuda que la cooperativa tiene con el banco por falta de pago de deudas de PROYIN, SA de CV con la cooperativa.
MOVIAC exigió que se establezcan mecanismos de resguardo de posesión de tierras tanto de forma individual como colectiva; así como detener toda política de persecución contra defensores de la tierra, de derechos humanos y no etiquetar a cualquier disidencia como oposición y colaboradores de la criminalidad.
“Pedimos la derogación de la Ley de Excepción como la Ley de Expropiación de forma inmediata, y se declaren medidas cautelares que permitan proteger a las familias afectadas por ambas leyes las cuales calificamos de nefastas. Detener la política extractivista que impulsa el gobierno en zonas declaradas como económicas especiales, como la construcción del aeropuerto del Pacifico en La Unión; el tren del pacifico y ciudad bitcoin”, sostuvieron los representantes de MOVIAC.
A la vez pidieron detener la depredación de la empresa “Rodio Swissboring” por orden de CEPA, en las parcelas agrícolas de productores de Flor de mangle y Condadillo, bajo argumento de hacer estudios de suelo para la construcción del aeropuerto del Pacífico, lo cual está provocando la pérdida de los medios de vida de los agricultores de la zona.
También, hicieron un llamado a crear condiciones para la ratificación del Convenio 169 de OIT, y la aplicación efectiva de la declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas, para crear mecanismos que garanticen el derecho a la tierra y territorios de estos pueblos, en lugar de seguir expropiando las tierras a los agricultores, indígenas y campesinos.
