Saúl Méndez
Colaborador
A 28 años del paso del huracán Mitch por Centroamérica, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) advirtió que el país continúa enfrentando deficiencias estructurales en materia de prevención y gestión integral de riesgos, pese a las numerosas emergencias que han evidenciado su vulnerabilidad ante fenómenos naturales.
Ante este panorama, la MPGR identificó cuatro factores que continúan reproduciendo las condiciones de riesgo en el país. El primero es la persistencia de un enfoque emergencista y reactivo, pese a la aprobación de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en 2005 y de la Política Nacional de Protección Civil en 2019. La institucionalidad continúa concentrándose en la atención de emergencias y planes temporales, sin desarrollar plenamente una gestión integral de riesgos.
El segundo factor es el desorden territorial y el deterioro ambiental. La falta de un ordenamiento territorial adecuado permite el desarrollo de proyectos urbanísticos, comerciales e industriales en zonas ambientalmente sensibles y de recarga acuífera, lo que provoca la destrucción de ecosistemas, reduce la infiltración de agua y aumenta las inundaciones y la formación de cárcavas, tanto en áreas rurales como en el Gran San Salvador.
Como tercer punto, señaló la baja asignación presupuestaria para la prevención. Como ejemplo, indicó que en el Presupuesto General de la Nación de 2023, que ascendió a $7,786.5 millones, la Dirección General de Protección Civil recibió $2,702,960, equivalentes al 0.27 % del presupuesto. Esta situación, agregó, se ve agravada por la reestructuración municipal y la falta de claridad sobre las competencias y los recursos de los gobiernos locales para atender la gestión del riesgo.
El cuarto factor es el debilitamiento de la organización comunitaria. Según la MPGR, el clima de hostilidad hacia la organización social ha generado temor y desmovilización en las comunidades, afectando el trabajo de las Comisiones Comunitarias de Protección Civil, que históricamente han desempeñado un papel fundamental en la prevención, alerta y respuesta ante emergencias.
Frente a estas condiciones, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos hizo un llamado a impulsar seis medidas para avanzar hacia una política nacional de prevención.
Entre sus principales propuestas está la construcción de un Pacto Nacional por la Gestión Integral de Riesgos, mediante un diálogo participativo entre el Estado, gobiernos locales, comunidades vulnerables, organizaciones sociales, universidades y sector privado.
También propone avanzar hacia una gestión prospectiva, correctiva y local del riesgo, incorporando enfoques ecosistémicos, de derechos humanos, género y generacional en las políticas públicas, con participación efectiva de las comunidades y de las mujeres lideresas.
Por otra parte, plantea implementar mecanismos de ordenamiento territorial que prioricen la vida humana y la vocación natural de los suelos sobre la rentabilidad económica. Para ello, considera necesario exigir estudios de impacto ambiental rigurosos, frenar proyectos extractivistas y mantener la prohibición de la minería metálica.
Asimismo, demanda asignar recursos públicos suficientes y transparentes para ejecutar obras de mitigación, entre ellas la construcción de siete kilómetros de bordas en el Bajo Lempa y la estabilización de cárcavas. También propone fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana comunitarios, los mecanismos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y la atención psicosocial a las familias afectadas.
La organización considera necesario que El Salvador cumpla los compromisos internacionales asumidos, mediante la incorporación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, relacionado con ciudades y comunidades sostenibles y resilientes.
También pidieron colocar la organización social como base de la estructura nacional de Protección Civil, garantizando condiciones seguras para la participación ciudadana, el funcionamiento de las comisiones comunitarias y el trabajo de las personas defensoras de los territorios y del medio ambiente.
La MPGR sostuvo que la conmemoración del huracán Mitch puede convertirse en una oportunidad para exigir voluntad política, inversión pública y justicia ambiental y social. ”Los desastres no son naturales, sino el resultado de vulnerabilidades construidas socialmente. Un pueblo que evita riesgos, previene muchos desastres”, concluyó la organización.
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