Redacción Nacionales
Sara Monroe
Colaboradora
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral (MPJL) solicitó formalmente establecer un canal de comunicación con el director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Eliel Heyson Nisis, durante su visita a El Salvador, con el propósito de exponer la situación que enfrentan las organizaciones sindicales y los trabajadores de distintos sectores del país.
En una carta fechada el 19 de noviembre de 2026, representantes de la Mesa expresaron su preocupación por lo que califican como un deterioro de los derechos laborales y sindicales, y denunciaron que diversas instituciones estatales estarían incumpliendo disposiciones constitucionales y convenios internacionales ratificados por El Salvador.
La organización, integrada por sindicatos públicos, municipales, privados e independientes, así como por sectores sociales, explicó que su trabajo comprende la denuncia, el acompañamiento y la formación sindical y jurídica para defender los derechos de la clase trabajadora.
La petición ocurre en el contexto de la visita del representante regional de la OIT, que la Mesa considera una oportunidad para trasladar directamente sus preocupaciones a ese organismo internacional. Sus integrantes señalaron que no han sido tomados en cuenta en las reuniones desarrolladas durante la visita, pese a que representan a organizaciones que aseguran enfrentar dificultades para ejercer su labor sindical.
Denuncian despidos y obstáculos a la organización sindical
Entre las principales preocupaciones expuestas por la MPJL figuran los despidos que consideran injustificados, la desarticulación de juntas directivas sindicales, las amenazas contra dirigentes y las dificultades para ejercer la libertad de organización y movilidad sindical.
La Mesa también denunció afectaciones a la estabilidad laboral, los salarios dignos, la salud emocional y las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Según la carta, estas situaciones se producen en instituciones públicas, ministerios y consejos municipales, donde, afirman, funcionarios estarían incumpliendo las garantías establecidas en la legislación nacional e internacional.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el funcionamiento de los espacios tripartitos de diálogo laboral, particularmente el Consejo Superior del Trabajo y el Consejo Nacional del Salario Mínimo.
La MPJL sostiene que estas instancias se encuentran controladas por el Gobierno y sectores empresariales, con participación de organizaciones que, a su juicio, no representan de manera efectiva los intereses de los trabajadores. Asimismo, cuestiona la transparencia de los nombramientos de representantes sindicales y señala que las organizaciones independientes han sido excluidas de esos procesos.
En ese sentido, considera que existe una brecha entre la representación formal de los trabajadores ante las instituciones y la realidad que enfrentan las organizaciones que documentan y denuncian vulneraciones laborales.
La Mesa manifestó que los representantes que participan en los espacios institucionales no necesariamente trasladan las denuncias de los sectores afectados ante los organismos internacionales, lo que, según su planteamiento, limita el conocimiento de la situación salvadoreña por parte de la OIT.
Convenios internacionales bajo observación
El reclamo de las organizaciones sindicales tiene como referencia los convenios 87 y 98 de la OIT, instrumentos fundamentales para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva.
El Convenio 87, sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, establece garantías para que trabajadores y empleadores puedan organizarse libremente. Mientras que el Convenio 98 protege el derecho de sindicación y negociación colectiva, además de establecer medidas contra la discriminación antisindical.
El Salvador ratificó ambos instrumentos el 6 de septiembre de 2006, por lo que forman parte de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
La situación de estos derechos ha sido objeto de seguimiento por parte de los mecanismos de control de la OIT. En junio de 2025, durante la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas examinó la aplicación del Convenio 98 en El Salvador e invitó al Gobierno a aceptar una misión de asistencia técnica con participación de organizaciones sindicales y empresariales.
Además, el perfil de El Salvador en el sistema de supervisión de la OIT registra cinco casos activos y siete en seguimiento ante el Comité de Libertad Sindical, instancia encargada de examinar quejas relacionadas con posibles vulneraciones a este derecho.
En junio de 2026, Diario Co Latino informó que organizaciones sindicales salvadoreñas recibieron nuevas comunicaciones relacionadas con el caso 3472, que incluye alegatos sobre despidos antisindicales, persecución de dirigentes y obstáculos al ejercicio de la actividad gremial.
Visita de la OIT y reclamos pendientes
La visita de Eliel Hasson a El Salvador se desarrolló en el marco de actividades promovidas por el Ministerio de Trabajo, entre ellas la entrega del Premio Nacional al Trabajo Decente. El ministro Rolando Castro presentó la presencia del funcionario internacional como una oportunidad para fortalecer la cooperación en materia de empleo formal, inspección laboral y protección de derechos.
De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Trabajo, la agenda también contempló iniciativas dirigidas a mujeres y jóvenes, prevención del trabajo forzoso y fortalecimiento del diálogo social.
Sin embargo, las organizaciones sindicales independientes han cuestionado que esos acercamientos institucionales no garanticen la participación de todos los sectores laborales, particularmente de aquellos que han presentado denuncias ante los mecanismos de la OIT.
El 19 de noviembre, Diario Co Latino también informó sobre los cuestionamientos de dirigentes sindicales por la suspensión de una reunión prevista con representantes del organismo internacional. Los sindicalistas señalaron que esperaban presentar documentación sobre despidos, vulneraciones al fuero sindical y trabajadores pendientes de reinstalación.
En este escenario, la MPJL considera indispensable que la OIT escuche directamente a las organizaciones independientes y conozca las condiciones en que desarrollan su trabajo, sin limitar el diálogo a los representantes reconocidos por las instituciones gubernamentales.
La organización pidió que se establezca una comunicación permanente, que se acompañe a los trabajadores despedidos y amenazados y que se promueva el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por El Salvador.
Finalmente, reiteró que su demanda no se limita a conseguir una reunión durante la visita del director regional, sino a abrir un espacio de seguimiento que permita examinar las denuncias, conocer los resultados de las gestiones realizadas por la OIT y avanzar hacia la restitución de los derechos laborales y sindicales.
Para la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, la libertad sindical debe garantizarse en la práctica y no permanecer únicamente como un compromiso escrito en la Constitución y los convenios internacionales.
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