Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Familiares de personas capturadas arbitrariamente y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidieron la derogación del decreto 803 que permite a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar el plazo de detenciones provisionales hasta tres años más para que presente acusaciones formales contra los detenidos bajo el régimen de excepción.
Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, indicó que al aprobar estas reformas los inocentes capturados por el régimen de excepción desde hace tres, pasarían aproximadamente cinco años en prisión sin haberles comprobado ningún delito.
El Decreto Especial Transitorio 803 vence el próximo 25 de agosto, el cual le permitió a la FGR desde 2023 un plazo de dos años para poder agrupar a los capturados por estructuras criminales y reunir las pruebas suficientes que sustentaran su detención.
Debido al decreto la mayoría han estado encarcelados por más de 2 o 3 años, con la extensión de 2 años otorgada por el Decreto 803 la fiscalía puede preparar juicios masivos, negando así los derechos básicos del debido proceso, incluido el derecho a una defensa legal adecuada y a un juicio justo.
“Pedimos a los diputados que deroguen el decreto 803 o que ya no lo prorroguen. Bukele lo que quiere es no liberar a los inocentes, sino que se mueran, también en la reforma dice que van a borrar los archivos de casos que ya no tienen importancia, ahí van los muertos, los van a borrar para que nadie sepa que murieron, solamente la familia. Porque aquí también hay reserva de información”, recalcó Ramírez.
El dirigente de MOVIR dijo que han presentado nueva solicitud a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para declarar inconstitucional el régimen de excepción, al ser una medida ilegal e inconstitucional, al ser una herramienta que le permite Estado violentar sistemáticamente los derechos humanos, primero se captura a la gente y después la investigan.
Asimismo, consideró que el régimen de excepción es la sombra para todas las violaciones, negligencias y arbitrariedades de este gobierno.
A lo largo de tres años MOVIR ha logrado desmontar la narrativa del gobierno de que en El Salvador no se violentan los derechos humanos y que no había personas inocentes entre los capturados.
“La gente no se pronuncia por miedo, la reelección del presidente también es parte del régimen de excepción, porque le da luz verde para todo; la gente ya no tiene cómo comprar paquetes y resulta que su hijo o familiar va para dos años más de detención, y si está enfermo, lo más seguro es que se lo van a entregar muerto”, expresó el dirigente de MOVIR.
MOVIR enfatizó que estos tres años han sido de intensa denuncia, movilización y lucha junto a las víctimas, bajo un inaceptable régimen de excepción que el gobierno utiliza como principal instrumento de represión y lo ha convertido en régimen permanente, que anula derechos constitucionales y las aspiraciones de justicia.
El representante de MOVIR reiteró que la lucha del movimiento es legítima, valiente, urgente y necesaria, ante las detenciones arbitrarias, hacinamiento en las cárceles, tortura y muerte de personas en custodia del Estado, la indiferencia y sumisión de las instituciones estatales de justicia y derechos humanos, los juicios masivos y vencimiento de plazos para la detención provisional.
“Este régimen dictatorial encabezado por el presidente Bukele, que irrespeta la dignidad humana, el Estado de Derecho y la democracia, pretende perpetuar mediante la reelección presidencial indefinida, proyección que rechazamos, condenamos y llamamos al pueblo a denunciar y combatir”, sostuvo MOVIR.
Rosalina González narró que en febrero de 2025 la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a su casa, en Arcatao, Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, a las 3 de la madrugada y se llevó a sus tres hijos, desde entonces no los ha visto ni tiene información de ellos.
“No estoy en contra del gobierno, solo le pido que sea justo, que se ponga la mano en el corazón, porque a un hijo se le ama, que quien debe algo siga encerrado, pero a los inocentes los dejen en libertad. Mis hijos no deben nada, son inocentes, ellos trabajan, yo los enseñaba a trabajar, soy una madre sola”, manifestó Rosalina.
González afirmó ser una amante de la ley y la verdad, por eso pide justicia para sus hijos, pues cuando la policía llegó por ellos, no revisaron nada, solo los capturaron. “Mis hijos son trabajadores, honrados, no me dejen morir sin ver a mis hijos”, reiteró entre lágrimas.
Marisela Ramírez, representante del Bloque de Resistencia Popular (BRP), dijo que al extender a dos años los plazos para la detención provisional, el gobierno demuestra que no tiene realmente pruebas para procesar a toda la gente capturada bajo el régimen de excepción.
Ramírez consideró que esta medida agudiza la situación de crisis en las familias, quienes están desesperadas por saber la situación en la que se encuentran sus seres queridos.
“Esta medida de extender los plazos responde a la incapacidad del gobierno, de poder demostrar la culpabilidad de estas personas capturadas de manera arbitraria, es una medida que no debe continuar; MOVIR ha logrado condensar toda esa información y presentar pruebas de gente inocente”, indicó.
Debe estar conectado para enviar un comentario.