Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Saúl Méndez
Colaborador
A un año de la detención del abogado constitucionalista y férreo crítico del presidente Nayib Bukele, Enrique Anaya, Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), exigió que se garantice el debido proceso para todos los inocentes capturados bajo el régimen de excepción, así como a todos los presos políticos, entre ellos líderes sindicales, ambientalistas y defensores de derechos humanos.
«Lo mismo ocurrió con los veteranos de guerra de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, a quienes acusaron de amenazas, pero al final no han podido comprobar esos delitos», afirmó Ramírez durante una entrevista en el programa El Salvador Patria Querida, conducido por Alex Carcelero.
«Ahora tienen un problema serio, porque muchas de estas personas presentan graves problemas de salud y no logran fabricar los delitos para condenarlas. Hay que decirlo con claridad: este gobierno no está interesado en declarar inocentes a quienes son inocentes», denunció el activista.
Según Ramírez, los juicios masivos se han convertido en una «maquinaria de fabricación de delitos», mediante la cual se vincula a personas inocentes con pandilleros y con crímenes atribuidos a las estructuras criminales para justificar sus condenas.
«Eso es lo que denunciamos. Lo que exigimos es que se aplique el debido proceso, que se respeten los derechos humanos, la Constitución, las leyes y el Código Penal. No estamos pidiendo una liberación masiva de personas; estamos exigiendo que se respeten las garantías fundamentales», sostuvo.
MOVIR ha advertido que el régimen de excepción enfrenta una situación compleja y que las autoridades buscan aprovechar cualquier descuido de quienes denuncian estas situaciones. «Si dejamos de alertar a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo, existe el riesgo de que terminen condenando a todos. Eso sería grave, porque ya hay personas que habían sido liberadas bajo medidas sustitutivas y cumplían con sus obligaciones judiciales, pero fueron recapturadas y posteriormente condenadas a penas de 20, 40 o hasta 60 años», señaló.
El Movimiento también alertó sobre denuncias de personas inocentes a quienes, según afirman, se les han atribuido alias y tatuajes que no poseen.
«Por eso considero necesaria la creación de una comisión que evalúe los procesos judiciales, las arbitrariedades y negligencias de la Fiscalía, así como los juicios y sentencias que consideramos amañados y que, según denunciamos, responden a órdenes provenientes de Casa Presidencial y no al estricto apego al derecho», manifestó.
Acusan aplicación selectiva de la justicia
El dirigente también cuestionó lo que considera una aplicación desigual de la justicia.
«Por ejemplo, está el caso de Jorge Aguilar, conocido como ‘Coqui’ Aguilar, quien habría vendido mascarillas a precios elevados al Gobierno. ¿Dónde está detenido? ¿Dónde está el proceso judicial en su contra?», preguntó.
«Aquí pareciera que, si una persona es señalada de corrupción, pero mantiene vínculos con el Gobierno, no enfrenta mayores consecuencias. En cambio, si se trata de alguien incómodo para el poder, como Enrique Anaya, quien fue muy crítico y denunció diversas actuaciones de las instituciones, entonces sí se actúa en su contra», lamentó.
Ramírez sostuvo que Anaya fue una de las pocas voces que cuestionó públicamente a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia.
«Creemos que esa postura crítica y su defensa de la transparencia son las razones por las que hoy enfrenta esta situación. Por eso sostenemos que se trata de casos con motivaciones políticas, porque no se han demostrado delitos. Si existieran pruebas suficientes, ya los habrían condenado. ¿Por qué entonces tanta demora para determinar si son culpables o inocentes?», expresó.
El dirigente de MOVIR también se refirió al caso del primer ministro de Agricultura, señalado por presuntos actos de corrupción; a funcionarios incluidos en la Lista Engel y al caso de Osiris Luna, director de Centros Penales y viceministro de Justicia, quien ha sido acusado de presuntas irregularidades relacionadas con la distribución de paquetes alimentarios.
«Creemos que hay muchos aspectos que el Gobierno debe transparentar para generar confianza. De lo contrario, continúa sosteniendo una narrativa basada en ocultar información y evitar que la ciudadanía conozca la verdad», afirmó.
Ramírez también criticó las reservas de información y otros mecanismos que, a su juicio, permiten mantener bajo confidencialidad numerosas actuaciones de la administración pública.
«A ello se suman compras y decisiones que, según denunciamos, se realizan sin los controles necesarios para garantizar la transparencia», advirtió.
«Por eso consideramos que el régimen de excepción ya no es necesario para brindar seguridad al país. Creemos que actualmente sirve al Gobierno para mantener a la población bajo temor, evitando que las personas se pronuncien o se manifiesten», aseguró.
«Hoy se escucha con frecuencia la frase: ‘el Cecot los espera’, dirigida incluso a vendedores que rechazan desalojos sin alternativas. Es decir, se ofrece la cárcel y el régimen de excepción como respuesta a los problemas de la población, en lugar de presentar soluciones viables, reales y justas», concluyó.
