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Saúl Méndez
Colaborador
La organización Lawyers for Lawyers (L4L) y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) expresaron su preocupación por la detención arbitraria del abogado Enrique Anaya y las continuas vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Enrique Anaya, abogado constitucionalista, fue detenido el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de supuesto lavado de activos. Su captura ocurrió poco después de que expresara públicamente críticas a diversas medidas gubernamentales, entre ellas la concentración de funciones estatales en el órgano Ejecutivo, el debilitamiento de la separación de poderes, la reducción de los espacios de participación democrática y la detención de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López.
«Desde el inicio de su privación de libertad, Anaya ha permanecido en condiciones de detención incompatibles tanto con las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo como con los estándares internacionales aplicables al trato digno de las personas privadas de libertad», señalaron las organizaciones.
Para ambas entidades, la detención de Anaya se ha caracterizado por un régimen de aislamiento prolongado, restricciones al contacto con sus abogados y familiares, obstáculos para acceder al expediente judicial y a los elementos probatorios en su contra, así como limitaciones para conocer plenamente los hechos que se le imputan y preparar adecuadamente su defensa.
«Asimismo, su derecho a la salud se encuentra en riesgo, ya que padece una condición médica que requiere tratamiento especializado y no existe información pública suficiente sobre la atención médica que recibe durante su detención», afirmaron.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Enrique Anaya mediante la Resolución 67/2025, ordenando al Estado salvadoreño adoptar las medidas necesarias para proteger su vida, integridad personal y salud; garantizar el contacto regular con su familia y defensa legal, y revisar la continuidad de su detención preventiva conforme a los estándares internacionales aplicables, incluyendo la posibilidad de adoptar medidas alternativas.
«En su resolución, la CIDH tomó en cuenta tanto el contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador como el perfil público de Enrique Anaya, quien, en su calidad de abogado constitucionalista, ha intervenido en debates sobre institucionalidad democrática y derechos humanos y ha sido calificado por un asesor presidencial como ‘el principal abogado de la oposición'», detalló L4L.
Sin embargo, las medidas cautelares otorgadas por la CIDH no han sido implementadas de manera satisfactoria, según denunciaron las organizaciones.
«A medida que el proceso penal se aproxima al cierre de la etapa de instrucción y se cumple un año de su detención, persisten serias preocupaciones respecto al respeto de sus derechos fundamentales. En particular, se le ha negado en la práctica la posibilidad de obtener una revisión efectiva de la medida de detención provisional para evaluar su sustitución por medidas menos gravosas», explicaron.
Para las organizaciones, la detención de Enrique Anaya resulta particularmente alarmante porque, a su juicio, parece constituir una represalia por el ejercicio legítimo de la profesión jurídica y de su libertad de expresión.
«Su caso se desarrolla en un contexto más amplio de deterioro del Estado de derecho y de restricciones a la capacidad de los abogados y abogadas para ejercer sus funciones profesionales de manera segura e independiente, especialmente aquellos que trabajan en derechos humanos, lucha contra la corrupción y litigio de interés público», advirtieron.
«Este entorno hostil socava directamente la independencia de la profesión jurídica y el derecho de acceso a la justicia de la población, al tiempo que genera un efecto amedrentador sobre quienes ejercen la abogacía en estos ámbitos», lamentaron.
El Salvador es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que está obligado a garantizar los derechos a la libertad, la seguridad personal, el acceso a la justicia y el debido proceso.
Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, particularmente los principios 16, 18 y 23, establecen que los gobiernos deben garantizar que los profesionales del derecho puedan desempeñar sus funciones sin intimidaciones, hostigamientos ni injerencias indebidas; que no sean identificados con las causas o personas que representan y que puedan ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluyendo su participación en debates públicos relacionados con el derecho, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes instaron al Gobierno de El Salvador a implementar de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares otorgadas por la CIDH mediante la Resolución 67/2025, garantizando la protección de la vida, integridad personal y salud de Enrique Anaya.
Asimismo, solicitaron revisar sin más demora la necesidad, legalidad y proporcionalidad de la medida de detención provisional impuesta al abogado, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de la CIDH, considerando la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas de la libertad.
«Exigimos garantizar un juicio justo con pleno respeto a las garantías judiciales, al debido proceso y sin demoras indebidas. Asimismo, pedimos cesar todos los actos de acoso, intimidación y criminalización contra abogados por el ejercicio legítimo de su profesión o de su libertad de expresión», expresaron.
Las organizaciones también pidieron respetar y garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, para que todos los profesionales del derecho en El Salvador puedan ejercer su labor de manera independiente y sin temor a represalias.
«Nuestras organizaciones continuarán monitoreando de cerca la situación de las y los abogados en El Salvador», aseguraron.
«Instamos a la comunidad internacional, incluidos colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, a mantenerse vigilantes ante la situación en El Salvador y a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la protección de los profesionales del derecho en el país», concluyeron.
