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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Vidalina Morales (ADES Santa Marta) y Rubia Guardado (CCR), demandaron del presidente de la república Nayib Bukele, la “urgente” implementación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y la aprobación de una Ley General de Aguas, no privatizadora.
“Hace más de dos años se aprobó la Ley de Prohibición a la Minería Metálica, en todas sus modalidades, pero no se ha implementado. Esto es una situación preocupante, así como la maniobra de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, que busca aprobar una Ley de Aguas, con intención privatizadora”, señaló Vidalina Morales.
Las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, muestran preocupación por este tipo de proyectos extractivos, que afectan a la región centroamericana. Al mencionar que entre la frontera entre Guatemala-El Salvador, están once proyectos mineros, la mina Cerro Blanco, el más cercano; contaminará de forma directa al lago de Güija, Metapán Santa Ana. Y en Honduras, 41 proyectos mineros que perjudicarán al río Lempa, fuente principal de abastecimiento de agua en el país.
Asimismo, Morales, rechazó los pocos avances en la implementación para dar cumplimiento a la normativa jurídica en el tema, lo que consideró grave, ya que las acciones de remediación en los recursos naturales y la reconversión económica de las familias que viven de la minería artesanal (güiriceros), y la población que han sido impactadas por la explotación minera sin regulación, aún son deuda pendiente.
Sobre el tema del agua, Rubia Guardado, reseñó que son trece años de lucha social, por una Ley General de Agua y ahora enfrentan un intento de los partidos políticos por privatizar el recurso natural, que pertenece a toda la población.
“Sobre este punto, nos preocupan las declaraciones del ministro (Fernando López), que si el sector privado quiere decidir sobre el uso del agua, el gobierno va a regular esa participación, eso preocupa, porque el agua no es una mercancía, es del pueblo”, sostuvo Guardado.
Luis González (UNES) y Saúl Baños (FESPAD) lamentaron la actitud del nuevo gobierno, con las organizaciones sociales que realizan la “Caminata Ecológica”, que solo buscaba entregar la agenda de temas del trabajo que realizan.
“Se había anunciado con anticipación que la Caminata llegaba a Casa Presidencial, esperábamos una comisión que recibiera las peticiones, sobre los temas que nos preocupan en el tema ambiental, para que fueran agendados en casa presidencial, esperamos una hora y no llegó la comisión a traer el documento. Y mucho más, la valla de agentes de la UMO”, acotó González.
Mientras, Saúl Baños, comentó su inquietud por las declaraciones de los ministros de Medio Ambiente y Agricultura y Ganadería, aunque consideró que por lo reciente de sus nombramientos y la falta de experiencia como funcionarios en estos cargos, pudo generar ciertas indiscreciones en sus afirmaciones al público.
La declaración del ministro Fernando Andrés López (MARN), al afirmar que van a monitorear la participación de la empresa privada en la Autoridad del Agua, que aduce a la inminente privatización del recurso hídrico, que contradice la lucha social. Mientras, el ministro Pablo Salvador Anliker, se ha reunido con otros sectores y cooperación japonesa, por un proyecto de receptación de agua en los municipios ubicados en el “canal seco”, pero deberán priorizar el consumo humano, antes que el agropecuario.
“Creemos que deberían ser más prudentes, mientras aprenden de los temas a los que han sido asignados; entendemos que tienen muy poca experiencia, pero van a tener una curva de aprendizaje y el país necesita que lo hagan bien. No obstante, por declaraciones vertidas en espacios de comunicación, nos parecen han sido un poco desacertadas”, opinó Baños.
