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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Miembros de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) se manifestaron simultáneamente ayer en las afueras del Ministerio de Hacienda y de las instalaciones del Fondo de Protección a Lisiados y Discapacitados del Conflicto Armado (FOPROLYD), para exigir se les pague una deuda surgida tras el último aumento al salario mínimo que entró en vigor en enero de 2017.
Voceros del movimiento de lisiados y discapacitados explicaron, que por derecho las pensiones entregadas por FOPROLYD debían incrementar proporcionalmente al aumento del salario mínimo de 2017; sin embargo, dicho aumento a sus pensiones no se vio reflejado hasta el año 2018.
Además, indicaron que en una reunión que las cuatro asociaciones representadas en FOPROLYD sostuvieron en enero de este año con el titular de Hacienda Nelson Fuentes, este se comprometió a saldar la deuda en cuatro cuotas a cancelar en los meses de enero, abril, julio y octubre. Hasta la fecha, afirmaron que la institución hizo los pagos correspondientes a enero y abril, pero no se les ha cancelado la cuota de julio y temen que tampoco la de octubre.
“Es responsabilidad del actual Gobierno asumir el pago de las últimas dos cuotas que suman más de 3.6 millones de dólares; somos más de 16,000 beneficiarios de FOPROLYD los afectados con el no pago de esa deuda, exigimos al Gobierno que honre los compromisos asumidos”, detalló Juan Carlos Alvarado miembro de ALGES quien externó, que autoridades de la institución se niegan a dar explicaciones acerca de la deuda.
El movimiento recordó que Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, fungió en el mismo cargo desde marzo de 2018 durante el periodo presidencial de Salvador Sánchez Cerén, y fue juramentado nuevamente en el cargo por el gobierno de Nayib Bukele, en junio pasado, razón por la cual esta obligado a dar cumplimiento a los compromisos asumidos, dijeron.
ALGES sostiene que realizarán más acciones en caso de que no se les cancele lo adeudado, y añadieron que no cumplir atenta contra la Ley de Beneficio para la Protección de los Lisiados y Discapacitados a consecuencia del Conflicto Armado, promulgada tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
