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Redacción Nacionales
Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA, afirmó que el modelo económico dominante a escala mundial tiene en el extractivismo su cara más cruel, ya que esta lógica de explotación, que busca extraer al máximo los bienes naturales sin considerar la capacidad de regeneración del planeta ni la viabilidad de la vida, afecta principalmente a los sectores más empobrecidos.
En una nota publicada en YSUCA señaló que la expresión más agresiva es la minería metálica, una de las industrias más destructivas del mundo, ya que desafortunadamente esta industria contamina suelos, aguas y aire, despoja a comunidades enteras de sus territorios, destruye ecosistemas y amenaza la biodiversidad.
Para Serrano en El Salvador, este tipo de industria resulta aún más inviable ya que el país es el más pequeño del continente americano, pero también uno de los más densamente poblados.
En la nota se señala que El Salvador tiene el segundo nivel de deterioro ambiental más alto de la región, sólo después de Haití, y también ocupa el segundo lugar en deforestación. Además, enfrenta una crisis hídrica inminente: es el único país centroamericano en riesgo de alcanzar niveles críticos de escasez de agua, tanto en calidad como en cantidad, para abastecer a toda su población.
Y a esto se suma que cerca del 80 % del territorio nacional es ambientalmente vulnerable, y el 95 % de la población vive precisamente en esas zonas de alto riesgo.
Esto significa que casi toda la ciudadanía está expuesta a sufrir daños severos derivados de fenómenos como el cambio climático o la degradación ambienta, dijo Serrano
Ante este panorama, organizaciones sociales, ambientalistas y comunidades en resistencia insisten en que permitir la minería en El Salvador sería un grave atentado contra la vida.
Hay que recordar que la ley que prohíbe la minería metálica fue conquistada tras años de lucha popular, en los que se denunció ampliamente que esta industria no es compatible con las condiciones ecológicas del país.
Como parte de esa lucha, organizaciones sociales entregaron firmas ciudadanas a la Asamblea Legislativa para exigir que se derogue la Ley General de Minería Metálica. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta oficial por parte del Estado, señaló Serrano.
Si se permite el regreso de la minería —aunque sea bajo el discurso de “minería verde” o “tecnológicamente responsable”— implicaría agravar aún más la crisis socioambiental que ya enfrenta el país, añadió.
Y advirtió que no se puede hablar de desarrollo mientras se promueven actividades que despojan, contaminan y profundizan las desigualdades.
