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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ángel Flores, coordinador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), denunció la ejecución de una política para el despojo de tierras a través de un aparataje institucional y normativo desde el Estado, que priva de la propiedad a sus legítimos dueños u ocupantes.
“La Cooperativa El Bosque es uno de los ejemplos, pero no el único en el país donde se está implementando diferentes iniciativas económicas como los circuitos turísticos y megaproyectos logísticos que se están desarrollando, incrementando cada vez el tema de la disputa de la tierra, en este caso por grupos empresariales con la complicidad de entidades de gobierno”, aseguró.
Asimismo, externó que miles de familias en comunidades urbanas, campesinas e indígenas, a escala nacional están bajo la amenaza de ser despojadas de sus tierras donde han habitado, establecido su negocio, cultivado y protegido durante décadas, por el desarrollo de “megaproyectos de muerte”, expansión de la frontera agroindustrial, inversión en proyectos de turismo depredador y el acaparamiento de tierras por parte de empresas inmobiliarias.
Según Flores, hay indicios que en El Salvador se está conformando una mafia de la tierra donde pueden estar implicados grupos empresariales, fundaciones, bufete de abogados y posibles funcionarios públicos y entidades del Estado que se benefician de la adquisición coercitiva de tierras y la manipulación de transacciones inmobiliarias.
Reiteró sobre la utilización de formas de proceder de grupos empresariales e instituciones públicas que violentan los derechos humanos de comunidades urbanas, campesinas e indígenas bajo engaños, manipulación, coacción e intimidación, para el despojo de sus tierras.
“Celebramos la victoria de la Cooperativa El Bosque, gracias a la presión y movilización social tanto de adentro como afuera del país que obligó al gobierno de Bukele a mediar para suspender el desalojo de las más de 300 familias, pero es una victoria incompleta al mantener privados de libertad al pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez y al defensor de derechos humanos Alejandro Enríquez”, expresó.
MILPA exigió al gobierno central frenar y retroceder en la política de despojo de tierras heredada por las administraciones anteriores y profundizada por la actual gestión, en su vez, debe impulsa soluciones integrales al problema del acceso y regularidad jurídica de la tenencia de la tierra a decenas de comunidades a través del reconocimiento legítimo del derecho a la tierra a miles de familias amenazadas de desalojo.
También, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los indicios de irregularidad en el otorgamiento de escritura a personas naturales y jurídicas, ajenas a los territorios con el posible involucramiento de entidades gubernamentales como el ISTA, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Centro Nacional de Registro (CNR) y los Juzgados de Paz.
