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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
El estamento militar salvadoreño tiene una larga, oscura, infame y cruel impronta en la historia de la República desde su fundación, con mitos afirmados hasta la saciedad tales como el de “…el ejercito vivirá mientras viva la República…”, atribuida supuestamente al general Manuel José Arce, y que la evidencia empírica y su decendencia niegan, por la afrenta que significa semejante sinsentido para la dignidad del estado.
Y es que el historial de su existencia es para decir lo menos, ¡impresentable!, dada la sucesión permanente de vejámenes que de la institucionalidad o de crímenes ha cometido en su corta existencia, en la que la autarquía que impusiera, desde 1932 hasta 1979 es solo una muestra, y de la que solo pueden ser rescatado un momento en el que actuara con dignidad, al enfrentar en concurso de los demás ejércitos centroamericanos la agresión que Walker hiciera a la patria de todos, siendo su único momento de distinción en el que por cierto tampoco destacara por su arrojo.
Al revisar sin embargo su estructura luego del último conflicto armado en el que se erigiera defensora de la oligarquía salvadoreña, cometiendo la virtual totalidad de crímenes señalados por la Comisión de la Verdad (solo el 3% de crímenes cometidos durante el conflicto armado se le endilgaron a las fuerzas irregulares del END, de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad/UN/marzo 1993), pero en consonancia con los acuerdos celebrados entre las partes, se le aplico una reingeniería profunda en la procura de institucionalizarla, sometiéndola al poder civil, desligándola de toda actividad política y supeditándola a la observancia de una doctrina militar basada en el respeto de los DDHH, lo que sin embargo la evidencia demuestra no se logró, dada la serie de asesinatos extrajudiciales que ha cometido o por los que se le investiga, el último de los cuales fuera el del ingeniero Manuel Escalante Palomo, el pasado 12 de agosto, al que acusaran de agresión armada, lo que la evidencia demostró fuera falso, por lo que los tribunales iniciaran indagaciones.
Hay que acotar que las reformas realizadas al código procesal penal no permiten que su detención se practique en bartolinas policiales, o que sus datos sean revelados, privilegio que no goza ninguna persona detenida y que de regular sin haber sido vencida en juicio se la exhibe como ya condenada, sin haberse demostrado su culpabilidad y consecuentemente padeciendo la condena social que ello implica, incluso si se demuestra su inocencia.
Entonces con semejantes referencias, cualquiera con un dedo de frente se preguntará: ¿Por qué no fortalecer a la PNC en su labor, como a la FGR en su ejercicio?, ¿cómo puede justificarse en una sociedad tan conflictiva la desinstitucionalización de entidades cuya moral es tan ausente como lo es la FFAA, asignándole funciones no solo ilegales para ella, sino también sustitutorias de la que realmente debe realizarlas -la PNC?
Al corroborar que la impunidad y la deslealtad le signan, queda solo admitir lo evidente, y que es la vejación de la República.
