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La Paz / AFP
Héctor Velasco / Allison Jackson
La policía lanzó el jueves gas lacrimógeno contra una multitudinaria marcha de opositores al gobierno interino de Bolivia, que descendió desde El Alto hasta la vecina La Paz con algunos féretros de las ocho víctimas de un reciente enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
Los manifestantes huyeron despavoridos por las calles aledañas a la céntrica plaza San Francisco, adonde habían llegado miles de pobladores de El Alto, según periodistas de la AFP.
Varios locales cerraron sus puertas ante el pánico generalizado.
La policía disolvió la protesta cuando las personas, en su mayoría indígenas aymaras, quisieron montar los ataúdes sobre una tanqueta militar en protesta por la represión del pasado martes.
Ese día ocho hombres murieron por heridas de bala, durante un choque con fuerzas combinadas de la policía y el ejército, en inmediaciones de una planta de distribución de gas.
El gobierno de la presidente interina Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta tras el golpe de Estado contra Evo Morales, negó su responsabilidad en las muertes. En un mes de protestas han fallecido 32 bolivianos.
Las bombas lacrimógenas empleadas por la policía el jueves generaron una estampida. En el suelo podían verse algunos féretros.
«Nos quieren matar y hay libertad para matar, hay orden para que nos maten en El Alto», dijo una mujer que se identificó como Ana Méndez, de 55 años, y quien acompañaba la protesta.
Miles de personas que descender desde El Alto hacia La Paz, ciudades separadas por pocos kilómetros, con los féretros de cinco de los ocho muertos que dejó el martes un operativo de las fuerzas militares y policiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustibles.
Los choques estallaron después de que los uniformados despejaron la salida de camiones destinados a paliar la escasez de combustible en la capital, afectada por los bloqueos de rutas y donde se multiplican las filas para encontrar gasolina, gas y abastecerse de pollos y verdura.
«¡Justicia,justicia!», clamaron los manifestantes a su paso con los cuerpos.
«Nos han acribillado, bala nos han metido. Esto es sanguinario», dijo a la AFP Rufino Copa, un agricultor de 42 años que participa en las protestas contra Jeanine Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
«Queremos justicia, no queremos que esta señora sea presidenta», dijo una mujer indígena con su bebé de ocho meses a las espalda que pidió reserva ante su temor de ser perseguida.
Ante el estallido social, que ha profundizado las divisiones entre los indígenas leales al exmandatario y la gente de las clases medias y altas de las ciudades, el Congreso busca apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre, en el que Morales buscaba un nuevo mandato tras 13 años al frente de Bolivia.
Hasta el momento ni la OEA ni ningún otro organismo ha demostrado el supuesto fraude.
– Decisiones clave –
La meta es que el Senado «apruebe este jueves» el llamado a nuevos comicios, para atender «esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables», dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.
El Congreso deberá analizar dos proyectos que apuntan al mismo fin, uno de Áñez enviado la víspera y el otro presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), que lidera Morales y que cuenta con mayorías en ambas cámaras.
Oficialistas y oposición deberán ponerse de acuerdo sobre la fecha de elecciones y decidir si Morales puede postularse. Antes, tendrán que nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la destitución y captura de los antiguos jueces por la presunta manipulación de resultados.
– Militares en tensión –
Las discusiones en el Congreso sobre futuras elecciones se alternan con la tensión en las calles.
Los militares están en máxima alerta ante el supuesto intento de los manifestantes que apoyan a Morales de tomarse las instalaciones de Senkata e impedir la salida de un convoy con camiones de gasolina.
El miércoles el ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que advertía que la planta estaba «peligrosamente cercada por personas afines al MAS», que tendrían en su poder explosivos.
La represión de las protestas aumenta la rabia contra el gobierno de Áñez, quien liberó de responsabilidades penales a los militares que intentan imponer orden.
En tanto, sigue el desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz desde que los pueblos originarios, organizaciones sindicales, estudiantiles, docentes y otros sectores comenzaron las protestas que incluyen el cierre de carreteras y vías.
En seis de los nueve departamentos de Bolivia hay bloqueos de vías, lo que ha disparado el precio de productos de la canasta familiar hasta 200% en ciudades como La Paz.
