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Redacción Nacionales
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La incertidumbre invade a más de 200 mil salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, a pocas semanas de que venza el plazo para que la administración del presidente Donald Trump defina si renovará o cancelará el programa para El Salvador. Así lo advirtió Óscar Chacón, asesor de Alianza Américas radicado en Chicago, durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán.
Chacón explicó que la comunidad beneficiaria del TPS vive “con gran ansiedad”, debido a la falta de un anuncio oficial sobre el futuro del programa, cuya vigencia concluye el próximo 9 de septiembre. Señaló que esta incertidumbre forma parte de una política migratoria más amplia impulsada por la administración Trump, orientada a reducir al máximo las protecciones migratorias temporales para extranjeros.
El analista recordó que desde el inicio del actual gobierno estadounidense ya fueron eliminados programas de TPS para ciudadanos de Venezuela, Haití, Honduras y Nicaragua, algo que, a su juicio, evidencia un patrón consistente de desmantelamiento de este tipo de beneficios migratorios. Agregó que el caso salvadoreño es uno de los más relevantes que aún permanece pendiente de resolución.
Además del temor por una eventual cancelación del TPS, Chacón destacó que miles de salvadoreños enfrentan dificultades porque sus solicitudes de renovación de permisos de trabajo aún no han sido resueltas, pese a haber cumplido con todos los requisitos administrativos y el pago de las respectivas tasas. Según indicó, esta situación incrementa la incertidumbre económica de las familias beneficiarias.
Durante la entrevista también analizó las contradicciones entre el discurso político y las necesidades económicas de Estados Unidos. Sostuvo que la economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra inmigrante, especialmente en sectores como la agricultura y otras actividades que enfrentan escasez de trabajadores locales.
Indicó que entre el 20 % y el 25 % de la fuerza laboral en algunos sectores económicos está integrada por trabajadores extranjeros, muchos de ellos desempeñando labores consideradas esenciales, aunque con bajos salarios.
Asimismo, señaló que el aporte de la población inmigrante resulta fundamental para sostener programas como el Seguro Social y Medicare, debido al envejecimiento de la población estadounidense.
Respecto al origen del TPS, Chacón recordó que este mecanismo fue concebido como una protección estrictamente temporal para personas cuyos países enfrentaban desastres naturales, conflictos o circunstancias extraordinarias que impedían un retorno seguro.
Sin embargo, criticó que miles de beneficiarios hayan permanecido durante más de dos décadas bajo un esquema temporal sin que el Congreso estadounidense aprobara una vía para obtener la residencia permanente.
A su juicio, esta situación representa una contradicción jurídica y humana, pues muchas personas llevan más de 25 años plenamente integradas a la sociedad estadounidense, con empleo, familias y contribuciones económicas, pero continúan dependiendo de un beneficio migratorio concebido originalmente para situaciones transitorias.
Sobre los factores que podrían influir en la decisión del gobierno estadounidense, Chacón reconoció que la estrategia de promoción internacional impulsada por el gobierno salvadoreño, centrada en destacar mejoras en seguridad y estabilidad, podría jugar en contra de la continuidad del TPS.
Explicó que mientras El Salvador proyecta internacionalmente la imagen de un país seguro y apto para el turismo y la inversión, resulta más difícil sostener el argumento de que persisten condiciones extraordinarias que justifiquen mantener una protección migratoria temporal para sus ciudadanos.
No obstante, advirtió que el precedente de países como Haití y Venezuela demuestra que las decisiones recientes han respondido más a criterios políticos que exclusivamente a las condiciones internas de cada nación.
Consultado sobre el escenario que enfrentaría la comunidad salvadoreña si el TPS fuera cancelado, Chacón estimó que la mayoría de beneficiarios intentaría permanecer en Estados Unidos, aun sin protección migratoria, debido a las limitadas oportunidades económicas existentes en El Salvador.
Recordó que, actualmente, alrededor de 700 mil salvadoreños residen en Estados Unidos sin documentos migratorios y han logrado insertarse laboralmente, aunque bajo condiciones de mayor vulnerabilidad, pues se trata de supervivencia. Sin embargo, aclaró que los beneficiarios del TPS enfrentarían mayores riesgos porque el gobierno estadounidense posee información completa sobre su identidad, residencia y lugar de trabajo, lo que facilitaría eventuales procesos de localización y deportación.
El asesor también expresó preocupación porque la administración Trump aún no ha realizado el anuncio oficial que, según las normas administrativas del programa, debería comunicarse con al menos 60 días de anticipación. Afirmó que el retraso incrementa la incertidumbre y evidencia una tendencia del actual gobierno a flexibilizar el cumplimiento de procedimientos administrativos tradicionales.
En el plano político, Chacón se mostró escéptico sobre la posibilidad de que una eventual relación de amistad entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele garantice una extensión del TPS. Señaló que, en materia de política exterior, Estados Unidos actúa principalmente en función de sus intereses estratégicos y económicos, más que sobre la base de relaciones personales entre mandatarios.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad salvadoreña para no considerar el retorno inmediato a El Salvador como la primera alternativa si el programa llega a cancelarse. Sostuvo que permanecer en territorio estadounidense podría ofrecer mayores posibilidades de beneficiarse de futuras reformas migratorias que eventualmente permitan acceder a la residencia permanente, una opción que sería mucho más difícil para quienes abandonen el país.
