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Redacción Nacionales
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Más de 200,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan un escenario de creciente incertidumbre debido a la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos no renueve el programa, cuya vigencia concluye el próximo 9 de septiembre de 2026. La situación genera preocupación entre organizaciones migrantes, legisladores estadounidenses y miles de familias que dependen de este beneficio para residir y trabajar legalmente en ese país.
El debate se intensifica mientras el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, realiza una visita a Washington, donde distintos sectores consideran que la continuidad del TPS podría formar parte de las conversaciones con la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, analistas señalan que una renovación resulta poco probable debido a la política migratoria impulsada por el mandatario estadounidense, quien durante su gestión ha promovido la eliminación de programas de protección similares para otros países.
Especialistas sostienen que la posible cancelación colocaría al gobierno salvadoreño en una posición compleja. Por un lado, el discurso oficial ha presentado a El Salvador como un país seguro y con condiciones favorables para el retorno de sus ciudadanos. Por otro, la economía nacional continúa dependiendo en gran medida de las remesas enviadas por los salvadoreños residentes en Estados Unidos.
Analistas consideran que este contexto representa un dilema político para el Ejecutivo. Si el gobierno afirma que el país está preparado para recibir a miles de retornados, fortalecería los argumentos para que Estados Unidos dé por concluido el TPS. En cambio, reconocer que El Salvador carece de capacidad para absorber un retorno masivo pondría en entredicho el discurso de recuperación y desarrollo impulsado en los últimos años.
Uno de los escenarios considerados más probables es que, en caso de finalizar el programa, las autoridades estadounidenses otorguen un período de transición o una prórroga limitada para facilitar el regreso ordenado de los beneficiarios y reducir el impacto inmediato sobre las familias afectadas.
Notificaciones de empleadores
Mientras tanto, la incertidumbre ya comienza a tener efectos concretos. La periodista salvadoreña Carmen Rodríguez, radicada en Washington, informó que numerosos empleadores han empezado a notificar a trabajadores beneficiarios del TPS que no podrán continuar laborando a partir del 23 de julio, debido al vencimiento de sus permisos de trabajo el 22 de julio, 47 días antes de la expiración oficial del programa.
La situación responde a que las autorizaciones automáticas de empleo emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) concluyen en esa fecha. Sin un nuevo permiso vigente, los trabajadores perderían el derecho legal a desempeñar sus funciones, aun cuando el TPS permanezca oficialmente activo hasta septiembre.
La pérdida del permiso laboral implicaría también la suspensión de diversos beneficios asociados al empleo, como seguro médico, vacaciones remuneradas, licencias por enfermedad y otros derechos laborales. Asimismo, organizaciones migrantes advierten que algunos beneficiarios podrían enfrentar dificultades para acceder a servicios financieros debido a las regulaciones relacionadas con la documentación migratoria.
Petición de congresistas
Frente a este panorama, una coalición de 81 congresistas estadounidenses, encabezada por el representante demócrata James P. McGovern, solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la extensión del TPS para los salvadoreños. En la petición argumentan que cancelar el programa provocaría consecuencias humanitarias, económicas y sociales tanto para Estados Unidos como para El Salvador.
Los legisladores destacan que muchos beneficiarios llevan décadas viviendo en territorio estadounidense, donde han formado familias y desarrollado una vida estable. Además, señalan que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses podrían verse afectados por la separación de sus padres si el programa finaliza.
El documento presentado al DHS también resalta la contribución económica de los beneficiarios del TPS. Según los congresistas, alrededor del 90 % de ellos participa activamente en el mercado laboral, generando aproximadamente 5,400 millones de dólares anuales para la economía estadounidense y aportando cerca de 1,500 millones de dólares en impuestos cada año.
Los argumentos a favor de la renovación también incluyen la situación interna de El Salvador. Diversas organizaciones sostienen que el país aún enfrenta importantes desafíos económicos y sociales que dificultarían la reintegración de miles de personas deportadas. Entre las preocupaciones mencionadas figuran la limitada capacidad de los servicios públicos, la falta de oportunidades laborales y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Paralelamente, organizaciones civiles mantienen una demanda ante un tribunal federal en Boston con el objetivo de impedir que los beneficiarios pierdan sus permisos de trabajo antes de que concluya oficialmente la vigencia del TPS. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han anunciado una decisión definitiva sobre el futuro del programa.
Además de los beneficiarios del TPS, persiste la preocupación por la situación de los salvadoreños que residen en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. Diversas estimaciones sitúan esta población entre 850,000 y más de un millón de personas, concentradas principalmente en California, Texas, Maryland, Virginia, Nueva York y otras zonas metropolitanas.
Mientras continúan las gestiones políticas y judiciales, miles de familias permanecen a la espera de una resolución que definirá su futuro migratorio, laboral y económico, y que pel presidente Nayib Bukele rompa el silencio.
