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@arpassv
El amarillismo y sensacionalismo son dos vicios en la práctica pseudo periodística de los medios hegemónicos. Telenoticieros como Código 21 y Noticias 4 Visión son dos exponentes de este anti periodismo, cure y en los medios impresos son los diarios “Más” y “Mi Chero”.
“Más” es propiedad del Grupo Altamirano, también dueño de El Diario de Hoy, y “Mi Chero” es del Grupo Dutriz, propietario de La Prensa Gráfica. Este último acaba de demostrar el desprecio por la ética periodística y el irrespeto hacia la dignidad humana que caracteriza a ese tipo de medios.
“Mi Chero” publicó la semana pasada una foto de portada que causó indignación y una oleada de críticas: el rostro ensangrentado de una joven que acaba de ser arrollada por un vehículo. María José Magaña Villalta ya demandó al Grupo Dutriz en la Fiscalía, exige una indemnización y la construcción de una pasarela en el sitio de la Alameda Roosevelt donde fue atropellada. La malacrianza de “Mi Chero” confirma la necesidad de establecer códigos éticos para los medios y crear la Defensoría de Lectores, Radioescuchas y Televidentes, que monitoree los medios y reciba denuncias de personas afectadas por publicaciones amarillistas y sensacionalistas.
Estas instancias existen en diversos países: Colombia, Brasil, México, España, entre otros. Los hay de carácter vinculante con asidero legal e institucional y también existen los no vinculantes que funcionan como observatorios de medios instalados por organizaciones sociales o académicas.
Los observatorios tienen como propósitos desenmascarar y denunciar malas prácticas periodísticas, promover la recepción crítica de los medios y reivindicar el derecho a la comunicación. Para esto proponen nuevos marcos jurídicos y políticas públicas de comunicación orientadas a la construcción de modelos de medios democráticos.
Estos modelos se caracterizan por una gama equilibrada de medios públicos, privados y comunitarios, que garantiza la pluralidad y diversidad de voces. Así lo establecen los estándares internacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación, entre éstos los “Indicadores del Desarrollo Mediático” de la UNESCO y los “Estándares para una Radiodifusión Incluyente” de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH.
En estos criterios se basan los proyectos de ley de Radiodifusión Comunitaria y de Medios Públicos, que duermen el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. La derecha parlamentaria no muestra voluntad política para aprobarlas, a pesar de que son necesarias para diversificar y democratizar el intransparente y concentrado esquema mediático del país.
